Santo Domingo.- El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes solicitó hoy al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, investigar la denuncia de Anadegas y Fenatrano respecto a «una alegada mafia» en la venta de combustibles, con la supuesta «connivencia de funcionarios públicos del Gobierno y específicamente» de ese ministerio.
La petición está contenida en una instancia depositada en la Procuraduría General de la República, la cual suscriben el titular de la cartera, Nelson Toca Simó, y César Avilés Coste, consultor jurídico de dicha institución.
A través del documento, ambos funcionarios piden a la Procuraduría investigar los supuestos hechos denunciados por Arnulfo Rivas, presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (Anadegas); Juan Ignacio Espaillat Taveras, expresidente de Anadegas, y Juan Hubieres, presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano).
Toca Simó y Avilés Coste solicitan a Rodríguez designar los fiscales investigadores, así como los peritos y técnicos necesarios para levantar la investigación a «profundidad» de los hechos denunciados.
Asimismo, piden «convocar a los denunciantes a los fines de que aporten al Ministerio Público en el curso de la investigación, los datos, informaciones y pruebas de que dispongan sobre las denuncias realizadas.
La instancia depositada en la Procuraduría General de la República recoge que Rivas, Espaillat Taveras y Hubieres plantearon la existencia en el país de una mafia que vende combustibles «ilegales» producto del contrabando, señalando los dos primeros denunciantes de forma específica, que dicha mafia se encontraba apoyada y auspiciada por funcionarios del Gobierno, y más específicamente del propio Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
La información aseguró, que dichas declaraciones fueron reproducidas por diversos medios nacionales, tanto impresos como audiovisuales, cuyas copias se encuentran en la solicitud depositada.
Ante dicho pronunciamiento, la semana pasada Industria y Comercio procedió a emplazar a Anadegas y sus directivos, mediante acto de alguacil, para que identificaran «los funcionarios, personas y sectores que, de acuerdo a la denuncia, alegadamente estarían autorizando o tolerando deliberadamente el contrabando de combustibles» y que «presentaran las supuestas pruebas de la denuncia».
El citado emplazamiento también fue publicado en espacio pagado en varios medios de circulación nacional.
«Hasta el momento, los denunciantes públicos, no han depositado ante el MICM, ni el ministro, ninguna de estas supuestas pruebas, ni tampoco han formalizado dichas denuncias ante las autoridades, con lo cual, se han quedado en denuncias», señala el documento.EFE
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