Ciudad de Panamá, Los defensores ambientales en América Latina y el Caribe, la región del mundo más peligrosa para estos activistas, están en «peligro de extinción», una situación que ha «empeorado» en los últimos años, aseguró en una entrevista a EFE el destacado abogado ambientalista chileno Carlos Baraona.
Baraona fue sentenciado en 2004 por la justicia de su país por injurias contra un senador a raíz de unas declaraciones sobre la tala de árboles milenarios, un caso que culminó en febrero pasado con la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) al Estado chileno.
«(Los defensores ambientales están en) peligro de extinción, cada defensor se levanta sabiendo que puede sufrir represalias fuertes», dijo el influyente ambientalista en el marco del II Foro sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales, celebrado en Ciudad de Panamá este miércoles y jueves.
A juicio de Baraona, en América Latina «hay una política de entender la explotación de los recursos de forma intensiva bajo la mirada intencionada de que esto genera trabajos, inversión y fuentes de empleo».
Un «apetito voraz por los recursos» en Latinoamérica
La situación de los defensores ambientales en la región «sin duda ha empeorado», pues hay «un apetito voraz por los recursos» especialmente en Colombia, Brasil y México, los tres países del mundo más peligrosos para los ambientalistas, según datos de la asociación internacional Global Witness.
El año pasado 177 defensores del medioambiente fueron asesinados y el 88 % de los homicidios ocurrieron en Latinoamérica. En concreto, Colombia fue el país más peligroso para los defensores en 2022 al registrar 60 asesinatos, una cifra que supone casi el doble que en 2021, cuando 33 líderes perdieron la vida por su labor, según datos de esa asociación.
Desde 2012, año en que comenzó a recopilar estos datos la organización, un total de 1.335 personas defensoras han perdido la vida en toda América Latina, lo que supone el 70 % de todas las muertes.
«Hay comunidades históricas que han vivido siempre en la selva, que tienen mucho interés de ser explotadas para generar agricultura intensiva u otro tipo de extracción», apuntó Baraona.
«Brasil creo que ha sufrido y Colombia (también). Son los (dos países) que tengo más presente, empatía y preocupación por lo que les pasa a los defensores (…) (El caso de Colombia) es impresionante», añadió.
«Tengo fe en el Acuerdo de Escazú»
«El Acuerdo de Escazú es reciente, está en una etapa que no sabemos a dónde va a ir ni qué fuerza va a ir agarrando, depende que las comunidades lo hagan suyo y aporten presiones para que se avance», detalló Baraona.
El Acuerdo de Escazú es un importante tratado de derechos humanos en asuntos ambientales, que entró en vigor hace dos años y ha sido ratificado por 15 países de Latinoamérica.
«Tengo fe en el Acuerdo de Escazú, es el primer pacto importante», aseguró.
Agregó que sentencias como la suya «son miradas con preocupación por gobiernos como el de El Salvador, que tendrá menos interés de ser parte del acuerdo para evitar cuestionamientos».
La CorteIDH condenó el pasado 28 de febrero al Estado de Chile por la violación a la libertad de pensamiento y expresión de Carlos Baraona Bray, que fue sentenciado por injurias contra un senador por unas declaraciones sobre la tala ilícita del árbol de alerce, una especie milenaria conservado en Chile.
El proceso penal interpuesto por el senador contra Baraona en la justicia chilena culminó con la sentencia en 2004 por el delito de «injurias graves» a 300 días de prisión suspendida, una multa, así como pena accesoria de suspensión de cargos u oficios públicos por el periodo de la condena.
