Santo Domingo, (EFE).- La Vicepresidencia de la República y la Misión Internacional de Justicia (IJM) desarrollarán un plan para la formación e inserción laboral de adolescentes víctimas de explotación sexual, que además recibirán apoyo terapéutico y acompañamiento legal en caso que lo requieran.
Asimismo, serán incluidos junto a sus familias en los programas de protección social que desarrolla el Gobierno a través del programa Progresando con Solidaridad (Prosoli), con la verificación previa de que cumplen con los requisitos para participar en esta iniciativa socio-educativa.
A raíz de un acuerdo firmado entre la vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales, Margarita Cedeño, y el director nacional de IJM, Fernando Rodríguez Jr., los adolescentes podrán adquirir habilidades y conocimientos que les permitan generar ingresos y progresar en sus comunidades de manera sostenible.
La medida beneficiará a 31 comunidades que han registrado la mayor cantidad de casos de explotación sexual comercial, y calificadas como prioritarias, entre ellas, Sabana de la Mar, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Juan Dolio, Boca Chica y Guayacanes. Asimismo, en San Cristóbal, Barahona, El Limón, Los Cacaos de Samaná, Santiago y Puerto Plata.
También en Las Américas (Ciudad Juan Bosch), Brisas del Este, Guerra, Ensanche Capotillo, Zona Colonial, Los Guandules, Villa Mella, Guaricanos, Sabana Perdida, Los Alcarrizos y La Ciénaga. La capacitación se ofrecerá a través de los Centros de Capacitación y Producción Progresando (CCPP) y los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) diseminados en todo el país.
El acuerdo establece que ambas instituciones promoverán de manera conjunta mensajes de prevención y de atención a víctimas de violencia y trata de personas a través de las emisoras de los CTC.
De igual manera, involucrarán y promoverán, a través del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), la creación de una red de facilitadores que maneje el modelo de intervención, acompañados del Ministerio Público, la Policía Nacional y la Vicepresidencia de la República.
La Misión Internacional de Justicia es una entidad privada estadounidense sin fines de lucro que tiene como objetivo proteger a las personas de escasos recursos de la violencia a través del rescate de víctimas.
Asimismo, llevan a los presuntos criminales ante la justicia, trabajan en la restauración de la seguridad y fortaleza en los sobrevivientes, y coopera con las autoridades legales locales, a fin de construirles un futuro seguro y duradero.
La institución trabaja para reducir la prevalencia de la trata y tráfico de menores para fines de explotación sexual comercial en República Dominicana (ESC-NNA), para lo cual establece alianzas con otras instituciones con las que pretende crear un sistema nacional de apoyo a sobrevivientes del flagelo. EFE
