San Salvador (EFE).- El 22 de julio, abogados de Socorro Jurídico Humanitario (SJH) en El Salvador presentaron una denuncia ante la Fiscalía General contra el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, y el director de Centros Penales, Osiris Luna, entre otros funcionarios, por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas.
Ingrid Escobar, directora de SJH, afirmó en una conferencia de prensa que la denuncia también incluye a diputados, exdiputados, directores de cárceles, jueces y fiscales, acusándolos de privación de libertad, torturas, desobediencia de órdenes judiciales, incumplimiento de deberes, negación de auxilio y actos arbitrarios.
Escobar hizo un llamado al Estado de El Salvador para garantizar justicia tanto a las víctimas de las pandillas como a las víctimas inocentes que han sido detenidas sin seguir el debido proceso y que, según sus palabras, están pagando una pena anticipada injustamente.
Jayme Magaña, abogada del SJH, destacó que organismos internacionales han señalado que El Salvador está incumpliendo con el control de convencionalidad y violando derechos humanos, instando a la Fiscalía a iniciar investigaciones por estas presuntas violaciones en las cárceles del país.
Entre los denunciados se encuentran figuras prominentes como el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, y otros diputados, quienes gozan de inmunidad constitucional y necesitarían ser desaforados por el Congreso para enfrentar causas penales.
Magaña especificó que uno de los delitos atribuidos a estas autoridades es la detención de personas que poseen carta de libertad judicial y no son liberadas por decisión de funcionarios de centros penales.
La madre de un detenido, Maribel Amaya, denunció que su hijo está detenido arbitrariamente y en estado de desnutrición, sin recibir información sobre su situación ni permitirle comunicarse con él, lo que ilustra una situación de incertidumbre y vulneración de derechos.
El Salvador se encuentra bajo régimen de excepción desde marzo de 2022 debido a un aumento de violencia atribuido a pandillas, supuestamente desencadenado por la ruptura de un pacto entre las maras y el Gobierno de Nayib Bukele. Durante este período, las autoridades han reportado más de 80,100 detenciones, mientras organizaciones han recibido más de 6,000 denuncias por violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias.
Un informe reciente de Cristosal señaló que más de 170 menores de edad quedaron en la orfandad tras la muerte de uno o ambos padres en cárceles del país, subrayando las graves consecuencias humanitarias de la situación carcelaria en El Salvador.
