Santo Domingo, 15 jul (EFE).- La jueza Yanibet Rivas del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó este lunes la prisión preventiva impuesta como medida de coerción contra Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma y Juan Omar Rosario López, imputados en el caso de la operación Nido.
Emmanuel Rivera Ledesma es señalado por el Ministerio Público como el cabecilla de una red que estafó a decenas de personas con proyectos inmobiliarios.
La jueza ratificó la medida cautelar al entender que la defensa no añadió ningún presupuesto nuevo que hicieran modificar la existente, según dio a conocer el Ministerio Público en un documento.
El pasado 3 de enero el órgano acusador puso en marcha la operación Nido, con la cual quedó desmantelada una red que estafó con más de 700 millones de pesos a personas a las que ofertaba viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios, a través de múltiples maniobras fraudulentas.
En el despliegue de la operación Nido, el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron 25 allanamientos en San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional.
La investigación arrojó que la red criminal utilizó las empresas Indisarq, CRD Equipos Pesados, el Grupo Wimar, y Auto Xperts AFM, a través de la que creó un esquema inmobiliario fraudulento para la ejecución de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas a las que ofertaba viviendas a través de siete proyectos inmobiliarios.
Durante la investigación se ocuparon evidencias que demuestran que el imputado Emmanuel Rivera Ledesma utilizaba nombres de personas reconocidas para hacer creer a las víctimas que estaba protegido por personalidades a quienes realmente ni siquiera conoce. Por igual, se recabaron evidencias de la ostentosa vida que llevaban varios miembros de la red con el dinero obtenido de las víctimas.
A raíz de la investigación, el imputado Rivera Ledesma inició una serie de maniobras con el objetivo de que las víctimas no se querellarán en su contra o retiraran las querellas ya presentadas, agregó la información.
También buscó que las víctimas le firmaran nuevos contratos e hicieran otras acciones tendentes a obstruir el proceso de investigación, lo que evidencia que el imputado y otros miembros de la red deben cumplir una medida de coerción que les impida destruir evidencias y ser una amenaza clara para las personas estafadas.
