Santo Domingo.- Participación Ciudadana expresó este miércoles su preocupación por la situación de la Cámara de Cuentas, organismo de control de los recursos públicos y lucha contra la corrupción y la impunidad, de lo que la entidad tiene conocimiento desde hace más de un año.
Miembros del capítulo dominicano de Transparencia Internacional se reunieron con el pleno de la entidad y con algunos de sus miembros de manera individual tras conocer que «intereses particulares habían imposibilitado los acuerdos necesarios para sacar a esa institución del descrédito en que había caído en gestiones anteriores».
Entre los principales problemas que la organización ha identificado en la Cámara de Cuentas es que algunos de sus integrantes encabezados por su presidente han realizado fuertes cuestionamientos a más de un centenar de auditorías que quedaron sin firmar por la pasada gestión.
Las auditorías carecen de calidad técnica y tanto miembros en activo como de gestiones anteriores afirman que han sido “maquilladas” con el objetivo de ocultar situaciones y beneficiar a funcionarios que habrían incurrido en irregularidades, indicó la entidad en un comunicado.
La Cámara de Cuentas no exige ni a sus miembros ni a su personal formación especializada en auditoria, la mayoría son contadores, lo que explica la ineficacia para detectar irregularidades y el robo de los recursos públicos porque las auditorias se hacían sin cumplir con las normas internacionales en esta materia.
Una gran parte de los empleados más cualificados ha renunciado por los bajos salarios o por las presiones que tienen que sufrir en el desarrollo de su trabajo y en cerca de tres años no se ha podido evaluar, renovar y completar el personal, apunta la nota de Participación Ciudadana.
Parte de los integrantes actuales del pleno ha rechazado la propuesta del presidente de organizar los trabajos en cuatro áreas especializadas, encabezadas por auditores expertos seleccionados por concurso.
Agrega que algunos imputados que cuentan con enormes recursos financieros contratan firmas privadas para tratar de desacreditar las auditorías de la Cámara de Cuentas, mientras otros que están siendo investigados intentan influir a su favor.
El esquema de gobernabilidad de este organismo «propicia la paralización, el anquilosamiento, la indisciplina y la confabulación», ya que su presidente no tiene autoridad para tomar ninguna medida administrativa.
El personal de la Cámara de Cuentas no se somete a evaluación ni se mide su rendimiento, incluso «se dice que muchos trabajan para intereses particulares de funcionarios actuales o del pasado, sin el temor de ser removidos porque cuentan con una estructura de protección y resguardo».
Según la entidad, personal del pleno ha impedido que se sacaran a concurso más de cien plazas vacantes y ha bloqueado un proyecto de automatización y modernización de los procesos para hacer más eficiente y dotar de mayor calidad a las auditorias.
La conclusión de Participación Ciudadana es que la situación de ingobernabilidad en que ha caído la Cámara de Cuentas es insostenible, a pesar de los esfuerzos que algunos han realizado para enderezar la situación.
Espera que el Congreso Nacional asuma la parte de responsabilidad que le asigna la Constitución, incluida la revisión de la ley para hacer este organismo más operativo y gobernable.
