Washington, .- La polémica surgida por los viajes y favores que el juez del Tribunal Supremo de EE.UU. Clarence Thomas aceptó de parte de un donante republicano llevó este martes a acelerar la exigencia de una reforma profunda de esa instancia judicial, que carece de un código de conducta propio.
Una veintena de ONG se congregaron a los pies del Capitolio, junto a los senadores demócratas Chris Murphy y Alex Padilla, el mismo día en que el Comité Judicial del Senado, presidido por el legislador progresista Dick Durbin, celebró una audiencia con ese mismo fin.
«Este tribunal está envenenando su legitimidad, en parte por decisiones que simplemente no tienen base constitucional, pero también por su negativa a cumplir con estándares básicos de decencia y ética», criticó en una conferencia de prensa Murphy.
La controversia en torno a Thomas se desató a principios de abril cuando se supo que durante más de dos décadas se fue de vacaciones en superyates y aviones privados pagados por el conocido donante republicano y magnate inmobiliario Harlan Crow.
El magistrado, nombrado en 1991 por el presidente republicano George H.W. Bush (1989-1993) y conocido por mantener algunas de las posturas más conservadoras de la corte en temas como el aborto, no incluyó esos viajes en los informes financieros que debe entregar al Supremo en cumplimiento con una ley anticorrupción aprobada tras el escándalo del Watergate en la década de 1970.
«El Tribunal Supremo del país no debe estar sujeto a los estándares éticos más bajos. El público está preocupado con razón de que ponga a los donantes multimillonarios por encima de los estadounidenses normales y corrientes», recalcó ante la prensa el senador Padilla.
Queda mucho trabajo por hacer, añadió, para «restaurar su integridad e imparcialidad» y «en última instancia, tenemos la obligación de conseguirlo». El Supremo estadounidense está integrado por nueve jueces, seis de ellos conservadores y los otros 3 liberales.
Está presidido por el magistrado conservador John Roberts, en el punto de mira también después de que se revelara que su mujer habría ganado más de 10 millones de dólares en comisiones a lo largo de 8 años por encontrar empleo a abogados de alto perfil en gabinetes de élite, algunos de ellos con casos ante el Supremo.
«Nuestros tribunales federales dependen de la confianza del público para su propia legitimidad y están en problemas. Merecemos jueces en ejercicio que sean la encarnación de nuestros más altos estándares éticos», sostuvo la codirectora ejecutiva de la ONG Center for Popular Democracy, Analilia Mejia.
El grupo reclamó la dimisión de Thomas, que el Departamento de Justicia le abra una investigación y que el Supremo se dote de un código de conducta que permita que rinda cuentas ante este tipo de situaciones. De todas las cortes federales y estatales del país, el Supremo es la única que carece de ese código, según recuerda el organismo de vigilancia gubernamental POGO.
En su lugar se aferra a las reglas del Código de Estados Unidos que compila la legislación federal, pero ese conjunto de normas es limitado y su cumplimiento se deja a la discreción de cada juez.
