Quito, .- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador inició este martes la recepción de testimonios en el marco del juicio político contra el presidente del país, el conservador Guillermo Lasso, a quien la oposición acusa de peculado (malversación).
En esta primera sesión de comparecencias ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea acudieron un ex secretario Anticorrupción, Luis Verdesoto, y un ex secretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo.
Un exgerente de la petrolera estatal Petroecudor, Hugo Aguiar, y el periodista Andersson Boscán (quien ventiló informaciones sobre supuesta corrupción en el Gobierno desde el medio digital La Posta) se excusaron de comparecer este martes a la audiencia parlamentaria.
El proceso se sustenta en la presunta corrupción cometida en los contratos de la empresa Flopec (Flota Petrolera Ecuatoriana) con la firma Amazonas Tanquer y la supuesta participación de un delegado presidencial en la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO).
La sesión tuvo un comienzo agitado luego de que asambleístas opositores apelaron la conducción por parte del jefe de dicha Comisión, Fernando Villavicencio, asambleísta independiente afín al oficialismo, que tuvo que ceder la dirección a su colega oficialista Ana Belén Cordero.
Ya en su comparecencia, Verdesoto, que renunció como secretario Anticorrupción en enero pasado, tras ocho meses en el cargo, se ratificó en los términos por los que dimitió.
El exsecretario insistió en que comunicó ya el año pasado al presidente Lasso sobre sus sospechas de posible corrupción en la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) y en la naviera estatal Flopec, asunto que insistió en la carta de renuncia.
Aunque aclaró que su unidad no investigó casos concretos de corrupción, sí supo de algunos hechos que le valieron de insumos para elaborar un informe que entregó al presidente Lasso y a otras autoridades, en el que se sugerían estrategias para prevenirlos.
De su lado, el exsecretario jurídico de la Presidencia Fabián Pozo aseguró que el juicio es «injusto», pues al presidente Lasso se le acusa por un contrato que se suscribió en 2018 y se reformó en 2020, antes de que asumiera el poder en mayo de 2021.
Según Pozo, no hay ningún precepto para que «este juicio proceda» y dijo que las bases sobre las cuales la oposición busca censurar al presidente Lasso son falsas.
Bajo la conducción de Pedro Velasco, la Comisión de Fiscalización dio por terminada la sesión y convocó para seguir con la recepción de testimonios en un proceso que tomará unos diez días.
Se prevé que más de medio centenar de personas, entre funcionarios, exautoridades y expertos, entre otros, asistan a las comparecencias y que se presenten unas sesenta pruebas de cargo y de descargo. El periodo de la prueba permitirá a la Comisión de Fiscalización elaborar un informe en el que recomendará o no seguir con el juicio político.
El pleno de la Asamblea Nacional deberá revisar el informe y, de ser el caso, seguir con el juicio político que podría concluir con la censura de Lasso, en cuyo caso lo sucederá su vicepresidente, Alfredo Borrero.
No obstante, Lasso podría echar mano de la llamada «muerte cruzada», establecida en la Constitución, por la que podría disolver la Asamblea Nacional, gobernar por decreto y convocar a elecciones anticipadas.
