Santo Domingo.- La Justicia dominicana dictó este martes dieciocho meses de prisión preventiva contra los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta y ordenó el arresto domiciliario del antiguo titular de Obras Públicas Gonzalo Castillo, imputados todos ellos de corrupción administrativa.
Guerrero, quien estuvo al frente de Hacienda durante la gestión de Danilo Medina, y Peralta, ministro Administrativo de la Presidencia en esa época, son los únicos imputados enviados a prisión de los veinte detenidos dentro de la llamada operación anticorrupción Calamar el fin de semana del 18 y el 19 de marzo pasado.
Para Castillo, quien fue también candidato en las elecciones presidenciales de 2020 por el ahora opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la jueza Kenya Romero dispuso arresto domiciliario y una garantía económica de 20 millones de pesos (unos 365.500 dólares al cambio actual).
El Ministerio Público había pedido dieciocho meses de prisión para los veinte imputados en este expediente, pero al final varió la solicitud para catorce de ellos después de que estos admitieran su participación en la supuesta estructura de corrupción.
La magistrada les impuso distintas medidas preventivas, que van desde fianza a impedimento de salida y presentación periódica ante un juez.
Entre ellos figuran el exdirector de Catastro Nacional Claudio Silver Peña, los antiguos directores de Casinos y Juego de Azar Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández y el abogado y político Ángel Lockward.
El supuesto entramado de corrupción distrajo a los contribuyentes más de 19.000 millones de pesos (más de 345 millones de dólares) y afectó a varias instituciones, entre ellas el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con la acusación.
Al finalizar la audiencia de este martes, representantes de la Procuraduría General de la República dijeron que el caso Calamar es de «criminalidad organizada».
«Todo aquel que haya comprometido su responsabilidad penal» tendrá que hacer frente a la Justicia, aseguraron los miembros de la Fiscalía, quienes destacaron que la investigación del Ministerio Público está en «proceso», por lo que no se descartan nuevas detenciones.
Asimismo, la Procuraduría anunció que solicitará la designación de un juez especial para procesar al diputado Sergio -Gory- Moya, del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), por su supuesta vinculación a esta red de corrupción.
Los delatores del caso revelaron que Moya formaba parte de un esquema de extorsión a bancas (oficinas) de lotería, según extractos del expediente publicados por medios locales.
«No existe ni existirá un solo dueño de banca que pueda demostrar o probar que me haya reunido, hablado o solicitado la entrega de dinero o que haya sido parte de una mafia», aseguró el congresista el pasado jueves en una sesión parlamentaria.
