Santo Domingo, – El Ministerio Público reveló que los 10 acusados de presunta corrupción en la operación Calamar que se presentaron este viernes ante la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional Kenya Romero y admitieron las acusaciones y se mostraron dispuestos a colaborar con las investigaciones.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, dijo tras el aplazamiento de la audiencia para el domingo próximo, que esas diez personas «tendrán que devolver dinero recibido ilícitamente».
En la audiencia del domingo se escucharán los argumentos de los otros 10 acusados, entre los que se encuentran los exministros de Hacienda Donald Guerrero, Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta y de Obras Públicas Gonzalo Castillo, candidato presidencial del PLD en las elecciones generales de 2020.
También están arrestados y acusados el ex contralor general de la República Daniel Omar Caamaño, el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Luis Miguel Piccirilo y el exdirector de Catastro Nacional Claudio Silver Peña. Asimismo, los exdirectores de Casinos y Juegos de Azar Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández y el abogado y economista Ángel Lockward, entre otros.
Camacho expresó, además, que el Ministerio Público decidió, ante la colaboración de los 10 acusados, variar la solicitud de medida de coerción de prisión preventiva por arresto domiciliario, impedimento de salida del país y garantía económica.
«Debemos confesar que lo que ha sucedido hoy en el tribunal es algo que podemos calificar de llanamente asombroso por varias razones, una de ellas es que los 10 acusados que tuvieron este viernes la oportunidad presentarse ante el tribunal han admitido los hechos, o sea el 50 % de los acusados», dijo Camacho al término de la audiencia.
Aseguró que esas confesiones son consecuencia directa de la «contundencia» de la investigación y de las pruebas «irrefutables» que la sustentan. «A partir de este momento, los imputados han dicho que seguirán colaborando con el Ministerio Público», agregó Camacho, quien no reveló cuáles acusados admitieron los hechos.
Por otra parte, la abogada Laura Acosta, una de las integrantes de la barra de la defensa de Gonzalo Castillo, reafirmó la inocencia de su defendido y aseguró que «ninguno» de los acusados que hablaron al tribunal este viernes implicaron a su cliente en las acusaciones del Ministerio Público. «Aunque las declaraciones de esas personas no son legalmente válidas, tampoco las supuestas pruebas del Ministerio Público vinculan a Gonzalo Castillo en las acusaciones», agregó la letrada.
Mientras, el abogado Wellington Cabrera que defiende al acusado Agustín Ávila reveló que su cliente colaboró con el Ministerio Público y que estos acuerdos deberán ser aprobados por la jueza Romero. Asimismo, el defensor del abogado Ángel Lockward Norbert Rondón, dijo que no podía ofrecer declaraciones en torno a su defendido porque este se lo pidió.
«Hay que esperar que la jueza hable sobre el particular, no puedo ofrecer más declaraciones porque estaría faltando a la ética y a mi cliente, quien me ha pedido no ofrecer declaraciones hasta que se pronuncie la jueza», justificó Rondón, habitualmente dado a ofrecer declaraciones a la prensa.
El supuesto entramado de corrupción distrajo a los contribuyentes más de 19,000 millones de pesos y afectó a varias instituciones, entre ellas el Ministerio de Hacienda.
