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viernes , 19 abril , 2024

Plataformas bolivianas protestan por los «presos políticos» en la visita de la CIDH

La Paz y Santa Cruz (Bolivia),.- Plataformas ciudadanas, universitarios y opositores protestaron este miércoles en Bolivia para exigir al Gobierno de Luis Arce la liberación de los «presos políticos», en coincidencia con el tercer día de visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al país.

En La Paz, una treintena de personas participó en un plantón frente a la cárcel de San Pedro convocado por el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade).
Los manifestantes pidieron «libertad para los presos políticos» y corearon consignas como «justicia y libertad», «democracia sí, dictadura no», además de arremeter contra el comisionado mexicano Joel Hernández, relator para Bolivia.

Plataformas bolivianas protestan por los "presos políticos" en la visita de la CIDH
Varias personas se manifiestan por la liberación de los «presos políticos» hoy, en La Paz (Bolivia). EFE/Javier Mamani

Hernández ha sido criticado por participar en un acto gubernamental de «desagravio» a los exvocales del órgano electoral que fueron investigados por el presunto fraude a favor de Evo Morales que derivó en su renuncia a la Presidencia y en la crisis política y social de 2019, la peor vivida en Bolivia en los últimos años.

El representante del Conade, Manuel Morales, dijo a EFE que al asistir a ese acto, Hernández «ha cometido una traición» al informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que detectó irregularidades «muy graves» como la manipulación en el sistema informático de trasmisión y cómputo de resultados en las fallidas elecciones de 2019.
«Por lo tanto, tenemos la duda sobre si va a haber credibilidad en el informe final que haga la CIDH», indicó.

Morales expresó que esperan que con las movilizaciones el organismo «ponga mayor empeño, que entrevisten a los presos políticos y que remuevan de su cargo a Joel Hernández como comisionado de Bolivia».

PROTESTA CRUCEÑA
La movilización más masiva se registró en Santa Cruz, la mayor región boliviana, donde centenares de personas asistieron a la marcha «por las víctimas de la violencia de Estado» que partió desde los alrededores del Palacio de Justicia y se dirigió a la plaza principal de la capital cruceña exigiendo la liberación de todos los «presos políticos».

Entre los asistentes estuvieron líderes cívicos, juntas de vecinos, universitarios, autoridades de la estatal Universidad Gabriel René Moreno y parlamentarios de la alianza opositora Creemos, del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho Vaca, encarcelado en La Paz desde fines de diciembre por su presunta responsabilidad en la crisis de 2019.

Los manifestantes mostraron pancartas con consignas como «ni un preso político más» o «con presos políticos no hay democracia» y varios exigían la liberación de Camacho.
Algunos vestían camisetas blancas u ondeaban banderas de ese color con la intención de ser escuchados por los comisionados de la CIDH que en esta jornada sostuvieron diversas reuniones en esa región.

En la mañana, los representantes del organismo internacional se reunieron con autoridades de la Gobernación cruceña, en cuyas puertas un grupo de seguidores de Camacho les recibió con carteles que pedían la libertad del opositor. El asesor de Gestión de Gobierno de la Gobernación cruceña, Efraín Suárez, calificó de «provechosa» la reunión, pues se hizo conocer a los comisionados los antecedentes sobre la «vulneración de la democracia» en el país y el «secuestro» de Camacho, además de los «tintes dictatoriales» del Gobierno de Arce.

Además pidieron que el informe de la CIDH sea «objetivo» e «independiente» para que pueda tener «credibilidad». La comisión también tuvo una reunión con la familia del gobernador cruceño, cuyo hijo, Luis Fernando Camacho Parada, señaló que hicieron conocer la «vulneración de los derechos humanos» de su padre y la «persecución y amedrentamiento» que sufren a manos del Gobierno, por lo que también pidió un informe «imparcial» de la CIDH.

El organismo inició el lunes una visita «in loco» de cinco días a cuatro ciudades bolivianas para verificar aspectos como la institucionalidad democrática, el acceso y las garantías en la justicia, la población carcelaria y las personas en estado de vulnerabilidad.

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