Caracas, .- Los homicidios en seis estados fronterizos de Venezuela bajaron un 34 % el año pasado respecto a 2021, al pasar de 979 muertes a 644, según el informe anual de la ONG Fundaredes presentado este jueves. De las 644 víctimas, 574 fueron hombres y 70 mujeres, detalló la organización, cuyo monitoreo se desarrolla en las regiones Amazonas, Apure, Táchira y Zulia, fronterizas con Colombia; Bolívar, con Brasil -al igual que Amazonas-; y Falcón, que limita con las islas neerlandesas de Aruba, Bonaire y Curazao.
El gerente jurídico de la ONG, Luis Useche, indicó que «una tercera parte de las muertes» fueron «consecuencia de presuntos enfrentamientos entre miembros de la fuerzas de seguridad venezolanas y los grupos armados irregulares» con presencia en el país, que Fundaredes calcula en 42, entre ellos integrantes de las disidencias de las FARC y el ELN, y de bandas criminales.
«Supuestos enfrentamientos porque, en muchos casos, las denuncias de los familiares es que en esos enfrentamientos ha muerto población civil que no tenía nada que ver con lo que se estaba desarrollando», dijo el abogado. Señaló que, para los «grupos armados irregulares», constituidos por las «organizaciones de origen guerrillero y por las bandas criminales», las fronteras «se convierten en el territorio propicio para el desarrollo de la actividad criminal», como «narcotráfico, tráfico de combustible, tráfico de armas, trata de personas y la esclavitud moderna».
Aseguró que, por las llamadas «trochas» -pasos fronterizos ilegales-, «ocurre una serie de acontecimientos» como «asesinatos, desmembramiento de personas y secuestros».
En este sentido, según la documentación de Fundaredes, en estos estados fronterizos hubo «334 desapariciones y/o secuestros» el año pasado, un incremento del 8 % respecto a 2021, cuando se computaron 309.
Por su parte, la directora encargada de la ONG, Clara Ramírez, pidió la «libertad plena e inmediata» del fundador y director general de Fundaredes, Javier Tarazona, quien fue «víctima de una desaparición forzada» y «sigue manteniéndose su privación ilegítima de libertad» desde julio de 2021.
«En Venezuela, un defensor de derechos humanos ha sido arbitrariamente privado de su libertad, es un defensor que ha sido víctima de tortura, de tratos crueles, inhumanos y degradantes», expresó la abogada.
