Santo Domingo.- La Fiscalía de Santiago solicitó prisión preventiva contra los integrantes de una presunta red criminal que se dedicaba a falsificar resoluciones, contratos de fianzas y otros documentos judiciales, para lograr la libertad de imputados en casos penales que se desarrollan en los tribunales de esa demarcación.
La instancia depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente refiere que los procesados, entre los que cita a empleados del Poder Judicial, tramitaban documentos falsos «para favorecer, sobre todo, a imputados por tráfico de armas de fuego, narcotráfico, lavado de activos, ciberdelitos, entre otros hechos graves».
La Procuraduría General de la República emitió un documento en el que aseguró que los fiscales también han solicitado que el caso sea declarado complejo.
La medida de coerción fue solicita contra los empleados del Poder Judicial Jonathan Francisco Vázquez Ventura y Francisco Vázquez Pichardo, además de Ariel Antonio Bencosme Reyes, Eddy Alberto Franco y Francisco de Jesús Comprés Rodríguez, quienes enfrentan cargos por los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados y uso de documentos falsos, en perjuicio del Estado dominicano.
Vázquez Ventura y Vázquez Pichardo han sido suspendidos de sus funciones, afirmó el Ministerio Público que, sin embargo, no detalló qué trabajo realizaban en el sistema del Poder Judicial.
En la solicitud de medidas de coerción, el Ministerio Público planteó que el imputado por delitos de estafa a través del cibercrimen, Jonathan Francisco Vásquez Ventura, quien guarda prisión preventiva por la operación Discovery, así como su padre el imputado Vásquez Pichardo, se asociaron con los demás miembros de esta red criminal.
En esta red participaron «activamente» Comprés Rodríguez, vendedor de fianzas judiciales en Santiago y en La Vega, el imputado Bencosme Reyes, quien se desempeña como supervisor de Archivo Central del Poder Judicial en Santiago, así como el imputado Franco, mensajero del Poder Judicial.
Esta red se prestaba «para mediante el cobro de altas sumas de dinero y a sabiendas de que se trataba de un proceso ilegal, procurar la libertad del imputado, falsificar documentos, incluyendo una sentencia y un contrato de fianza».
La investigación, aún en curso, que realizan fiscales del Ministerio Público, arrojó que parte de los imputados, valiéndose de su relación laboral, violaron los protocolos establecidos por el Poder Judicial, para tramitar solicitudes y depósitos de documentos judiciales falsos.
Con esta acción, aseguró la información, lograban libertades irregulares de personas con imputaciones graves, «lo que constituye un agravio y vulneración al sistema de justicia dominicano que amerita de una ejemplar sanción».
