Santo Domingo.- La Policía Nacional negó que agentes de esa institución hayan lanzado gases lacrimógenos contra la casa nacional del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), «como se ha puesto a circular en redes sociales y medios de comunicación».
Los agentes del orden dispersaron a grupos de manifestantes que marchaban por la avenida Independencia sin ningún permiso previo con la intención de tratar de violentar el perímetro que había sido establecido para brindar seguridad en los alrededores del Palacio de Justicia, dijo la Policía en un comunicado.
El PLD, así como la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) condenaron la acción policial.
La institución aseguró que estas personas habían salido de la sede de la referida organización política con destino al Palacio de Justicia, donde era conocida la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público en contra de unos 20 implicados en la denominada operación Calamar.
«Es oportuno señalar que los efectos de los gases lacrimógenos, utilizados para impedir que los citados grupos violentaran por la fuerza zonas restringidas, se extendieron por más de 200 metros en todo el entorno, lo cual afectó no sólo a la sede del PLD, sino también a todas las personas ubicadas en dicho perímetro», puntualizó la Policía.
La Policía Nacional admitió que «ciertamente» un vehículo se vio afectado de manera «involuntaria en las actuaciones» y de inmediato varios agentes intervinieron para sofocar las llamas.
El organismo dijo que incrementó las acciones preventivas en el perímetro y en el interior del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, restringiendo el acceso para garantizar la seguridad de las personas que desempeñan alguna función en esa sede judicial o que son actores del referido proceso.
La institución precisó que el dispositivo de seguridad fue ampliado y reforzado para evitar situaciones similares a días anteriores «donde personas trataron de entrar de manera violenta a la referida sede judicial causando daños» a las puertas de acceso.
«La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) depositó el pasado lunes ante la Oficina de Atención Permanente la solicitud de medida de coerción en contra de los 20 implicados en la operación Calamar», dijo el comunicado.
