Lima, – El ministro de Interior de Perú, Vicente Romero, aseguró este jueves frente al Congreso que no hubo represión policial contra las protestas antigubernamentales que comenzaron hace tres meses en diversos puntos del país y en las que 48 manifestantes han muerto en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden, según la Defensoría del Pueblo.
«Es pertinente aclarar que no hubo represión en contra de los manifestantes, lo que hubo es el resguardo de la población. La Policía Nacional de Perú (PNP) no usó armas letales. Todos estos hechos son materia de investigación fiscal», señaló Romero.
El titular del Interior acudió al Congreso, quien fue interpelado por parlamentarios de diferentes bancadas para pronunciarse sobre la actuación de la Policía durante las protestas antigubernamentales, el allanamiento de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima y la emboscada de narcoterroristas en la que murieron siete agentes hace un mes en el interior del país.
Respondió durante casi tres horas frente al pleno del Congreso decenas de preguntas sobre los citados temas, aunque destacó de forma general su defensa a las labores de la Policía en los últimos meses.
Al principio de su intervención, explicó que desde que llegó al cargo como ministro el 13 de enero, el país se encontraba en un contexto de violencia y crisis, y que su cartera había experimentado una alta rotación -recordó que ha habido diez ministros de Interior en dos años-, estaba debilitada y con múltiples tareas pendientes de la gestión del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).
Reiteró que la Policía ha actuado con respeto a los derechos humanos y la legislación y con el objetivo de reponer el orden público, proteger las instituciones y a la población en los últimos meses. «Mi despacho ha iniciado un proceso de investigación con el fin de identificar si hubo excesos», dijo al añadir que gracias a las fuerzas del orden se consiguió el desbloqueo de carreteras y que durante las operaciones ha prevalecido el principio de autoridad y se «actuó con firmeza frente a responsables de actos vandálicos».
Y sobre las acusaciones de agentes que han utilizado armas letales durante las marchas, señaló que no puede dar detalles porque sería viciar las investigaciones abiertas por el Ministerio Público. «No se usaron armas letales, sin embargo debo precisar que la Fiscalía viene investigando si se cometieron presuntos excesos», indicó sobre el tema al añadir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que su uso está permitido «como último recurso».
OPERATIVO EN LA SAN MARCOS
En cuanto al allanamiento policial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el pasado 21 de enero, donde acampaban manifestantes que habían acudido a Lima para participar en las marchas contra la presidenta Dina Boularte, afirmó que la Policía respondió a la denuncia por flagrancia hecha por la propia institución educativa.
Explicó que la operación policial consideró «necesario» utilizar un vehículo multipropósito para acceder al campus (una tanqueta), puesto que la puerta se encontraba cerrada con «cadenas y candados», estaba cubierta en su totalidad con pancartas que pretendían radicalizar a las personas y que las cámaras de seguridad estaban cubiertas de plásticos y no dejaban ver el interior.
Detalló que intervinieron 543 efectivos policiales y que se detuvo a 193 personas que venían de diversas regiones del país, de las cuales todas menos una se liberaron al día siguiente y se respetaron sus derechos durante la detención. «No se ha cometido ningún abuso porque la intervención se realizó con base en una denuncia en flagrancia durante el estado de emergencia», dijo.
El ministro insistió en que la Policía sí solicitó a la Fiscalía su presencia en el desalojo, pero según se informó en su momento, ningún representante del Ministerio Público acudió al principio de este. Finalmente, Romero respondió a cuatro preguntas de forma reservada, puesto que las respuestas contenían información sensible.
