Santo Domingo, .- El Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva contra tres imputados por su supuesta pertenencia a la red de trata de personas con fines de explotación sexual desmantelada el pasado año con la Operación Cattleya.
El tribunal decidió mantener la medida cautelar contra José Miguel Michel Gurdis (Michel), Angélica Johanna Quintero y Daniel Enrique Inirio Abreu, porque «los presupuestos que ellos presentaron en la audiencia fueron los mismos que los presentados el día 29 de noviembre», dijo el fiscal de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público Eduardo Velázquez.
Los tres imputados fueron arrestados tras la puesta en marcha de la Operación Cattleya en agosto del pasado año, dirigida por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y laProcuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
El caso se sigue también contra Cristina Virginia González Hernández, María Castillo Vargas, Robert Lee Eleuterio Paniagua Díaz, José Alberto Soriano Rosario (alias Cirujano) y Dionicio Mieses de la Cruz (alias Dionis).
Además, contra Louis Marie Nephtalie, Engel Nefthali Vargas Soto (Ángel), Oliver Arnaud Lewinski y/o Timothy William Case Renee, Braulio Manuel Lugo, Marie Fokina Achille (alias Fior, Flor o Flores), Carlos Jhonatan Walwyn Campusano Díaz, Melvin José Valentín Peguero, Zafiro Nataly Sánchez González, Oscar Wicene y Alejandro Arturo Batista Bustamante (alias el Gato).
El proceso también involucra a los hoteles Caribe y Oscar, del sector Gascue del Distrito Nacional, así como contra los establecimientos Coco Real, de Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia.
La operación supuso la realización de decenas de allanamientos en el Distrito Nacional y Bávaro, producto de una amplia investigación iniciada hace nueve meses y con la que las autoridades desarticularon redes transnacionales dedicadas a la trata de personas con el fin de explotarlas sexualmente, permitiendo, además, el rescate de más de 80 mujeres suramericanas víctimas de la red.
En el transcurso de la investigación, el Ministerio Público ha establecido que las víctimas eran sometidas a explotación sexual, al ofrecer sus servicios por distintas tarifas para provecho económico de la organización criminal.
