Seúl,.- La fiscalía surcoreana solicitó hoy una orden de arresto para el líder del principal partido de la oposición, Lee Jae-myung, al que considera una figura capital en un escándalo de corrupción que se produjo durante su mandato como alcalde de una localidad en el extrarradio de Seúl. La Fiscalía pidió hoy mismo la orden de detención a un tribunal del Distrito Central de Seúl, según informó la agencia Yonhap.
Los fiscales creen que Lee, líder del liberal Partido Democrático (PD), facilitó a constructores con los que estaría asociado información privilegiada sobre proyectos de desarrollo urbanístico municipales durante su mandato -entre 2010 y 2018- como alcalde de Seongnam (al sureste de Seúl).
Esto supuestamente afectó a los procesos concursales y supuso unas ganancias de unos 800.000 millones de wones (unos 625 millones de dólares) para los mencionados promotores.
También le acusan de permitir que se eliminara un mecanismo para repartir las ganancias de estos proyectos entre el ayuntamiento y los inversores privados, permitiendo a estos últimos enriquecerse sobremanera a costa de las arcas municipales, que habrían dejado de ingresar unos 490.000 millones de wones (unos 382 millones de dólares).
Lee ha sido interrogado tres veces en el último mes -la última, el pasado 10 de febrero- a cuenta de este caso y otra supuesta trama de corrupción en torno al Seongnam FC, club de fútbol profesional propiedad de la ciudad.
Lee y el PD han insistido en su inocencia, argumentando que se trata de una investigación de la fiscalía motivada políticamente desde la oficina del presidente, el conservador Yoon Suk-yeol, que fue fiscal general del Estado y que se impuso al ahora líder de la oposición en las presidenciales de mayo de 2021 por apenas unos cientos de miles de votos.
Incluso aunque la Fiscalía logre obtener la mencionada orden de arresto, el líder de la oposición no debería poder ser detenido, puesto que la ley establece que para aquellos con un escaño parlamentario, como es el caso de Lee, es necesario obtener una aprobación del hemiciclo para que se pueda ejecutar, algo altamente improbable puesto que el PD tiene mayoría en la cámara.
