Colombo, .- La decisión del presidente de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, de restaurar el pago de impuestos abolidos por su predecesor agitó este miércoles la calles de la nación, con los ciudadanos disgustados por la presión que supone la contribución tributaria en esta nación gravemente endeudada y empobrecida.
“Introducir nuevas políticas fiscales es una decisión políticamente impopular. Pero recuerden, yo no estoy aquí para ser popular, yo quiero reconstruir esta nación de la crisis en la que ha caído», dijo Wickremesinghe en una intervención ante el Parlamento, al tiempo que varias organizaciones civiles protestaban por la medida en la calles.
Los habitantes de la isla gozaba hasta ahora de un gran alivio fiscal, gracias a una reducción implementada en 2019 por el Gobierno del entonces presidente, Gotabaya Rajapaksa, que recortó el impuesto al valor añadido del 15 % al 8 % y abolió otra media docena de tasas. Esto, junto a otras exenciones fiscales, redujo el número de contribuyentes de 1,6 millones en 2019 a 500.000 en 2021, según el Gobierno, haciendo caer la recaudación del estado en este país de unos 22 millones de habitantes.
La reintroducción del sistema tributario establece una contribución calculada en base a los ingresos, lo que, según los cálculos del presidente, sumaría una contribución total de 274.000.000 dólares. Sin embargo, la medida fue recibida con rechazo por sectores de la sociedad que ve en ella mayor presión financiera, a lo que se suma el encarecimiento de la vida, la escasez de productos y el racionamiento de servicios básicos y combustible.
Varios sindicatos protagonizaron hoy protestas contra la nueva política fiscal, entre ellos la Asociación de Oficiales Médicos del Gobierno (GMOA), que anunció para hoy una huelga de 24 horas por las medidas. “La gente está muy decepcionada con el esquema fiscal. Todo es caro en este país y encima nos gravan mucho”, dijo a EFE un consultor adscrito a un hospital estatal, que pidió el anonimato.
El Gobierno intenta mantenerse a flote al tiempo que espera cumplir con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que le permitan acceder a una línea de crédito de 2.900 millones de dólares, que ha sido largamente negociada y sigue desde hace meses a la espera de la aprobación final de la directiva del organismo financiero.
