En Especial
Cristhian Jiménez
Sabedores de la letalidad de determinadas armas políticas desde el Estado, los peledeistas temen ser liquidados en la víspera de la definición municipal de febrero del 23.
Audaces, por la gravedad y complejidad del momento, anunciaron en la sesión de la Cámara de Diputados del jueves último que solicitarán la interpelación de varios funcionarios bajo la acusación de “comprar” autoridades municipales con fondos públicos, incluido el Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, presidente del partido oficial.
En la puesta en escena, después que Juan Julio Campos, vocero de los diputados del PLD leyó el documento acusatorio, los legisladores opositores se retiraron de la sesión, aunque fue evidente como advirtió el presidente Alfredo Pacho, que la frustrada intención era romper el quórum porque rechazan algunos artículos de la Ley de Régimen Electoral.
Campos dijo que “de manera descarada desde la Presidencia de la República con ayuda de Víctor de Aza, secretario general de la Liga Municipal Dominicana y Kelvin Cruz, alcalde de la Vega”, Paliza y el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión han utilizado “de forma discrecional recursos del presupuesto nacional en favor de los intereses partidarios del PRM”.
Agregó que en un año (entre los años 2’21 y 2022), 33 alcaldes y directores de juntas municipales del PLD, FP y PRD habrían sido “comprados” por el gobierno por “asignaciones especiales”, promovidas por los cuatro funcionarios. Se quejó de que la denuncia fue presentada ante la Junta Central Electoral, que se comprometió a investigar, sin resultados hasta la fecha.
La intervención de Campos cortó la eterna sonrisa de Pacheco, quien reprochó que el legislador aprovechara su inmunidad parlamentaria para una denuncia que tildó de abusiva.
Es evidente que el PLD, maestro de la práctica de cooptación de adversarios sin importar métodos y recursos, sobreactúa y en el ámbito del PRM es notoriamente exagerada la reacción porque son los perremeistas los que alardean a diario de juramentaciones semanales de “persuadidos”.
En el PLD, la práctica de atraer alcaldes y regidores afloró hasta en la lucha interna por la nominación presidencial (antes de la división), cuando se denunció que desde el ministerio de Obras Públicas se discriminaba políticamente en el asfaltado de las ciudades. El caso fue tan grave que hay una dilatada investigación sobre el asunto en el ministerio público. Programas de investigación aportaron abundante información sobre el tema.
En las provincias es comentario obligado “los que vienen” o “se van”, entre los dirigentes de los diferentes partidos y las intervenciones puntuales de destacadas figuras del gobierno.
El presidente Luis Abinader ha hecho énfasis en el apoyo a los municipios “sin importar militancia partidaria”, pero pocos creen en el desinterés del principal político del país.
Importantes figuras municipales se han movido al oficialismo y otros esperan el “momento oportuno”. En algunas demarcaciones son más los que buscan ser fichados, que los llamados por los “cazadores de talentos”.
Otro elemento en este ambiente de captación municipal, es el polo creado por el exsenador del PLD, Julio César Valentín, de relativa fuerza sobre todo en el Cibao central. Parece haber recobrado la amistad con Leonel Fernández, pero casi todos lo sitúan cerca de Abinader.
Las elecciones municipales de febrero, como ocurrió en el 2020 (aunque la insospechada suspensión del proceso, provocó un ambiente de dudas que afectó al entonces oficialista PLD) impactarán a las presidenciales y congresuales de mayo, por lo que se esperan meses cruentos entre PRM, PLD y FP.
El PRM seguirá con su camión recolector, aunque los morados y verdes, como reacción, traten de frenar toda iniciativa congresual oficial y hagan causa común en temas políticos, sociales y comunitarios.
