Río de Janeiro, .- La Fiscalía brasileña manifestó este sábado su contrariedad a la posibilidad de que once diputados acusados de haber incitado los ataques golpistas del 8 de enero sean impedidos de asumir sus mandatos el próximo miércoles y de que se les abra una investigación.
La Procuraduría General de la República (Fiscalía) manifestó su posición contra la posible sanción en respuesta a una petición de la Corte Suprema, que el viernes le dio un plazo de 24 horas para analizar la posible suspensión del acto de posesión de los once diputados acusados de apoyo a los actos antidemocráticos.
La Fiscalía alegó en su parecer que aún no existen pruebas contra los acusados y que los diputados ya recibieron el diploma que los acredita como elegidos, por lo que ya cuentan con fuero parlamentario, por lo que le pidió al Supremo Tribunal Federal (STF) que rechace la petición de sanción solicitada por un grupo de abogados y archive el caso.
Los parlamentarios, en su mayoría del Partido Liberal (PT), la formación que postuló la candidatura del entonces presidente Jair Bolsonaro a la reelección, son acusados de haber divulgado en sus redes sociales mensajes de apoyo al asalto de miles de bolsonaristas contra las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema.
Con sus ataques, los seguidores del líder ultraderechista, de los que unos 1.800 han sido detenidos, pretendían forzar un golpe de Estado contra el progresista Luiz Inácio Lula da Silva, cuya victoria en las presidenciales de octubre se niegan a reconocer y que asumió su tercer mandato el 1 de enero.
Como el nuevo año legislativo comienza el próximo miércoles, cuando los senadores y diputados reelegidos o elegidos asumirán sus mandatos, un grupo de abogados le pidió al máximo tribunal que suspenda la posesión de los once acusados de incitar el golpismo.
El subprocurador general de la República, Carlos Frederico Santos, autor del parecer contrario a las sanciones, afirmó que los diputados en cuestión ya cuentan con fuero parlamentario por lo que cualquier investigación tiene que ser autorizada por el Congreso.
Alegó igualmente que las acusaciones tienen que ser conducidas al Consejo de Ética de la Cámara de Diputados, que es el órgano que tiene que decidir si hay mérito para abrir una investigación.
«Como no existen hasta el presente momento elementos que indiquen que los diputados citados en la petición incurrieron, aunque sea como incitadores, en los crímenes del 8 de enero, no hay justa causa para la apertura de una investigación», afirmó el fiscal.
Los abogados que piden la sanción acusaron a los parlamentarios de «endosar» los ataques de los bolsonaristas contra las sedes de los tres poderes.
«No es aceptable o imaginable que personas que fueron elegidas como representantes del pueblo en un régimen democrático, por medio de una elección libre, puedan apoyar, incentivar y hasta participar de actos que atenten contra el Estado Democrático de Derecho», alegan.
La Fiscalía ya abrió investigación contra dos de los once diputados acusados, André Fernandes y la militar indígena Silvia Waiãpi, ambos del Partido Liberal, pero hasta ahora no han identificado en sus redes sociales mensajes de apoyo a los actos golpistas.
Otro de los parlamentarios cuestionados es Nikolas Ferreira, también del Partido Liberal y el diputado más votado del país con casi un millón y medio de votos.
