Brasilia, .- La Corte Suprema de Brasil pidió este viernes a la Procuraduría General de la República decidir, en un plazo de 24 horas, analizar la suspensión del acto de posesión de once diputados investigados por los actos antidemocráticos del pasado 8 de enero.
El pedido del magistrado Alexandre de Moraes, también presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), partió de una solicitud del grupo de abogados Prerrogativas que requirió la suspensión de la posesión de los congresistas partidarios del expresidente Jair Bolsonaro.
El grupo de juristas considera que once diputados, reelectos o elegidos por primera vez, «endosaron» los ataques de miles de seguidores radicales de Bolsonaro que el 8 de enero invadieron y destruyeron las sedes del Congreso, la Corte Suprema y el Palacio presidencial de Planalto.
«No es aceptable o imaginable que personas que fueron elegidas como representantes del pueblo en un régimen democrático, por medio de una elección libre, puedan apoyar, incentivar y hasta participar de actos que atenten contra el Estado Democrático de Derecho», apuntó Prerrogativas.
Los bolsonaristas llevaban más de dos meses acampados frente a cuarteles del Ejército en varias capitales pidiendo una intervención militar para un golpe de Estado para derrocar al presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, vencedor de las elecciones de octubre frente a Bolsonaro.
Dos diputados, André Fernandes y la militar indígena Silvia Waiãpi, ambos del Partido Liberal (PL) -de Bolsonaro- ya estaban siendo investigados por la Procuraduría junto a Clarissa Tércio, del Partido Progresistas, pero quien no fue incluida en la lista de este viernes.
De todos los once parlamentarios cuestionados, nueve son del PL, entre ellos Nikolas Ferreira, el más votado del país con casi un millón y medio de votos.
La posesión de los congresistas, 513 diputados y un tercio de los 81 senadores, está prevista para el próximo 1 de febrero, cuando debe iniciar el nuevo año legislativo en Brasil.
Desde los ataques del 8 de enero, cerca de 1.800 personas han sido detenidas y un tercio de ellas liberadas por razones humanitarias, al tratarse de ancianos, enfermos o madres con hijos menores, pero que deberán seguir respondiendo en libertad ante la Justicia.
También está detenido el exministro de Justicia Anderson Torres, un importante aliado de Bolsonaro y que era el responsable por la seguridad de Brasilia el día de los ataques como secretario de Seguridad Pública de la capital, cargo del que fue cesado el mismo día.
El STF, igualmente, investiga a Bolsonaro -quien está en Estados Unidos- para aclarar si tuvo un papel en instigar los actos golpistas, por los que también son investigadas otras autoridades sospechosas de haber sido omisas o haber facilitado los ataques.
