Ciudad de Panamá.- La Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), integrada por Costa Rica, Ecuador, Panamá y República Dominicana, expresaron este domingo su condena «enérgica» a la violencia perpetrada contra la sede de los tres poderes del Estado en Brasil.
En un comunicado difundido por la Cancillería de Panamá, esta Alianza constituida en septiembre de 2021 afirmó que «la violencia no puede tener cabida frente a la decisión popular expresada en las urnas».
«Unidos en el compromiso de nuestros cuatro países con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, el respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho, renovamos el apoyo al gobierno democráticamente electo del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva y hacemos votos por el inmediato restablecimiento del orden en el hermano país», añadió la Alianza.
Las fuerzas de seguridad recuperaron este domingo el control de las sedes del Congreso, la Presidencia y la Corte Suprema de Brasil, tras ser invadidos y vandalizados por cientos de seguidores radicales del exmandatario Jair Bolsonaro, en Brasilia.
Según informaciones preliminares de la Policía, citada por medios locales, hasta el momento hay 150 detenidos.
Fueron alrededor de cuatro horas y media durante las cuales los manifestantes bolsonaristas irrumpieron con libertad por esas instalaciones, generando destrozos en el interior, mientras otras decenas rodeaban los edificios, algunos de ellos equipados con palos.
Los hechos, condenados de forma unánime por la comunidad internacional, ocurrieron exactamente una semana después de Lula asumir la Presidencia de Brasil.
Ante los graves altercados, Lula, quien se encontraba de viaje en el interior de Sao Paulo para conocer los daños de las fuertes lluvias de los últimos días, decretó la intervención federal en el área de seguridad del Distrito Federal de Brasilia.
El dirigente progresista también prometió en un pronunciamiento encontrar y castigar a los «vándalos fascistas» que «destrozaron todo lo que encontraron a su paso» en Brasilia e identificar a los posibles «financiadores» de esos actos antidemocráticos.
