Director de Pro Consumidor y Defensor del Pueblo acuerdan revisar contratos de adhesión inmobiliarios
SANTO DOMINGO. – El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, y el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, acordaron hoy revisar los contratos inmobiliarios frente a las constantes reclamaciones y denuncias que vienen haciendo adquirientes de viviendas ante los aumentos de precios que realizan las constructoras.
Ambos funcionarios se reunieron este lunes en la sede de Pro Consumidor para analizar los contratos de adhesión relacionados a la construcción de viviendas, con el fin de que los mismos no contengan cláusulas abusivas que afecten los bolsillos de los consumidores.
De igual manera, Alcántara explicó a Ulloa que desde Pro Consumidor se han hecho acercamientos con la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi) con miras a garantizar la transparencia en el costo y edificaciones inmobiliarias, por lo que asistirán al almuerzo que realizará el gremio este martes, para continuar con la agenda de compromisos con miras a proteger los derechos del consumidor en el caso particular de los adquirentes de viviendas.
El titular de la entidad defensora de los consumidores dijo que el Defensor del Pueblo aprovechó la ocasión para conocer los procedimientos novedosos de conciliación que ha implementado esta institución, “los cuales a consideración del titular de Pro Consumidor han dado excelentes resultados, donde el 90% de las reclamaciones inmobiliarias han sido conciliadas”.
De su lado, Ulloa declaró al final del encuentro que pudo validar que desde Pro Consumidor hay un interés de actuar apegados a la Constitución de la República y a lo que establece la Ley 358-05, para proteger los derechos de los consumidores en su relación con el mercado de bienes y servicios.
Finalmente, sostuvo que la mayoría de los casos han sido conciliados, lo que evidencia un nivel de efectividad sobre la base jurídica, “garantizando los intereses económicos de los dominicanos como consumidores”.
