San Salvador, .- La cifra de detenciones de supuestos miembros de pandillas y personas ligadas a estas bandas llega a 56.716 en los siete meses de régimen de excepción, implementado en El Salvador por el Gobierno del presidente Nayib Bukele para «combatir» a las maras en un «guerra», denominada así por el mandatario.
El Ministerio de Seguridad y Justicia actualizó la cifra este viernes, a través de su cuenta en Twitter, sin detallar cuántas de las personas capturadas son pandilleros o a qué banda pertenecen.
«Vamos a capturar a cada miembro de estas estructuras criminales y hacer que paguen por los delitos cometidos», publicó la entidad gubernamental en la referida red social.
La Presidencia informó recientemente, sin brindar detalles, que en los siete meses de régimen de excepción suman 128 días sin homicidios y en lo que va de la Administración de Bukele se cuentan 227 días sin ningún asesinato.
El régimen de excepción ha sido prorrogado en siete ocasiones por la Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, y suspende varias garantías constitucionales.
Se prevé que El Salvador concluya 2022 bajo esta medida, promovida por el presidente Bukele para «combatir» a las pandillas.
Recientemente, siete organizaciones de El Salvador dieron a conocer que registran 4.071 denuncias por violaciones a derechos humanos bajo el régimen de excepción, que junto a las más de 3.400 registradas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) superan las 7.400.
La mayoría de denuncias son por detenciones arbitrarias y los registros de cada organización van de 100 % a 73 %, con los cuerpos de seguridad como «los señalados como victimarios, en especial elementos de la Policía Nacional Civil (PNC)», detallaron.
Una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), de la Universidad Centroamericana (UCA), señala que la mitad de los salvadoreños dice que el régimen de excepción «no resolverá el problema» de las pandillas, pero 75,9 % aprueba la medida.
El Gobierno atribuye la reducción de homicidios a su plan Control Territorial y a la medida de régimen de excepción. Sin embargo, la población sigue sin conocer un documento oficial que detalla el camino para atender desde el Estado el fenómeno de las pandillas.
