En Especial
Por Cristhian Jiménez
El quid pro quo (una cosa por otra) está siempre presente en las posturas de las potencias que postulan no tener amigos, sino intereses (Adams, Parmeston, Kissinger) lo que les facilita giros inamistosos camuflados con ayudas y cortejos almibarados.
Como en la crisis de 1994, los norteamericanos utilizan las contribuciones económicas y colaboración técnica para tratar de ablandar las posiciones de los gobernantes dominicanos.
En aquella ocasión, Haití también en el centro del conflicto, aunque dista una enorme distancia de los contextos: ayuda militar de 50 millones para “sellar” la frontera y garantizar el embargo dispuesto contra los golpistas que depusieron al presidente Aristide, aunque el pueblo hambreado sufría las mayores consecuencias.
Esta vez, un total 18.9 millones de dólares divididos en 5.9 millones para “asistencia para el desarrollo de programas del gobierno de EE.UU. a través de su agencia USAID y 13 millones de “financiamiento anual” de parte de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia “destinados a combatir el tráfico ilícito, fortalecer la capacidad institucional” de las entidades “del sector justicia y mejorar la seguridad pública”. Ahora, para abrir la frontera.
En el siglo pasado el anuncio lo hizo el entonces presidente Clinton, tres días antes de que la Junta Central Electoral declarara ganador a Balaguer de unas elecciones plagadas de irregularidades y que generó presiones de Estados Unidos por nuevos comicios ante la carencia de legitimidad, para transarse posteriormente con “la salida dominicana” a la crisis. Era imposible el embargo pleno sin apoyo del gobierno dominicano y muchos, aquí y allá temían el quid pro quo. (Bernardo Vega en su libro “Las dolosas elecciones de 1994” ofrece abundante información sobre estos hechos).
El jueves último, la subsecretaria de Seguridad Ciudadana, Democracia y Derechos Humanos de los Estados Unidos, Uzra Zeya resaltó el apoyo permanente de su país a República Dominicana e instó a modificar las leyes de migración y sobre trata de personas conforme a los estándares internacionales y brindar protección a los más vulnerables, ”incluidos los haitianos y los dominicanos de ascendencia haitiana”. El gobierno respondió al día siguiente, a través del director de Migración, Venancio Alcántara, quien informó que las deportaciones de extranjeros indocumentados aumentarán.
Hubo elogios por las reformas para apoyar la democracia y la lucha contra la corrupción y un “premio”: Zeya comunicó el interés de Biden para que el presidente Abinader asuma un papel de liderazgo en la Cumbre por la Democracia del próximo año.
Este fue el tercer encuentro del llamado “diálogo de alto nivel sobre reformas institucionales” entre los dos gobiernos y se repitió el criticable escenario de los desniveles en la jerarquía de las partes oficiales en un acto encabezado por Abinader en el Palacio Nacional, acompañado de los presidentes de las cámaras legislativas.
Es evidente que Estados Unidos presiona que se abra un boquete fronterizo, mientras deporta haitianos y se enreda en palabrerías y reuniones como la del viernes último en Canadá, que concluyó sin definición el rol de los dos países frente al pedido de auxilio de Haití para contener a las bandas armadas que cometen crímenes (la noche del viernes fue asesinado el excandidato presidencial Eric Jean-Baptiste) e imposibilitan la ayuda humanitaria.
(El viernes último el gobierno norteamericano anunció el vigésimo cuarto paquete de ayuda militar a Ucrania por 275 millones de dólares. Desde 2021 a la fecha 18, 500 millones de dólares en asistencia de seguridad).
La Declaración de Los Ángeles, recordemos, plantea ayuda económica para los países que reciban los devueltos y creen condiciones para recibir refugiados y para la regularización de la situación de los inmigrantes.
Y en campaña electoral…
