Managua,- Dos organizaciones opositoras nicaragüenses condenaron este domingo el arresto de al menos 10 personas, entre disidentes sandinistas y sus familiares, por parte del Gobierno que preside Daniel Ortega.
«La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia condena las recientes detenciones ilegales y arbitrarias de ciudadanos y familiares de opositores pertenecientes a la organización política Unión Democrática Renovadora (Unamos)», señaló esa agrupación opositora en una declaración.
Unamos, anteriormente llamado Movimiento Renovador Sandinista (MRS) -que nació como una escisión del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)- denunció esta semana que sus miembros y sus familiares son víctimas de «persecución» en Nicaragua por parte del Gobierno de Ortega.
Unamos fue fundado como MRS en 1995 por el escritor y exvicepresidente Sergio Ramírez Mercado, actualmente en el exilio en España y retirado de la política, y la exguerrillera y exministra de Salud Dora María Téllez, arrestada en junio de 2021 y condenada a 8 años de prisión por delitos considerados «traición a la patria».
Al menos cinco de sus principales dirigentes, incluyendo a su presidenta, Suyén Barahona, cumplen condenas por «traición a la patria» y son parte de una lista de más de 200 personas consideradas «presos políticos» por organismos humanitarios.
En tanto, su vicepresidente, el histórico combatiente sandinista Hugo Torres, también acusado por «traición a la patria», falleció en febrero pasado bajo custodia policial a causa de una «enfermedad» aún no especificada por las autoridades.
GOBIERNO SE HA «ENSEÑADO» CONTRA DISIDENTES
«Unamos ha sido históricamente perseguido con ensañamiento por parte del régimen Ortega Murillo, lo que ha tenido como resultado no solo su proscripción legal (como partido político en 2008), sino también el encarcelamiento de sus principales dirigentes condenados por los tribunales de Ortega por el hecho de ejercer sus derechos», indicó, por su lado, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco.
Esa Unidad, que nació tras las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril de 2018, comunicó que seguirá denunciando «estos hechos del orteguismo, que no son más que acciones desesperadas ante su incapacidad de poder quebrantar la resistencia del pueblo en su contra».
«Continuaremos ejerciendo ante la comunidad internacional para que actúen en contra de la dictadura de forma contundente para que se detengan las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses», afirmó.
Por su lado, la Alianza Cívica, que fue la contraparte del Ejecutivo en una mesa de negociación con la que se buscaba una salida pacífica a la crisis que vive el país desde hace 53 meses, criticó que ahora el Gobierno también está encarcelando a familiares de los opositores.
«Esta escalada represiva representa un signo de perversidad, que al no encontrar a los objetivos de su cacería, encarcelan a miembros de su entorno familiar», reprochó.
A juicio de la Alianza Cívica, «este régimen dictatorial pretende anular nuestra lucha por la libertad y la construcción democrática haciendo alarde de su naturaleza criminal», y aseguró que, en su caso, no se someterán a la «política de terrorismo de Estado» que promueve Ortega.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con siete de sus potenciales rivales en prisión y dos en el exilio.
