Lluvia de papeletas desde el 2013 sobre el cielo educativo que abonaría el aprendizaje nacional, era la esperanza colectiva.
El sueño rápidamente se desdibujaba porque los que asumieron el compromiso en la campaña, al llegar al poder tenían planes diferentes y rápidamente identificaron oportunidades de negocios.
El estudiante fue olvidado como centro de la política educativa y todo se concentró en la millonaria industria de construcción de escuelas.
Claro que faltaban aulas, pero fue prácticamente la única preocupación con ropaje de “revolución educativa”.
Los 99 mil millones de pesos del primer presupuesto fueron devorados en licitaciones defectuosas, camufladas adjudicaciones, grises compras de solares (hasta en las orillas de ríos), despojos de obras a ingenieros imposibilitados de cumplir con los pagos “pactados” y sus consecuencias de quiebras y hasta suicidios.
El 4 por ciento del PIB, en crecimiento cada año también facilitó financiamiento de aspiraciones políticas, algunas sumamente caras por desproporcionadas.
Todo se intentaba cubrir con la propaganda aplastante de la “revolución educativa”, que nunca llegó al alumno como mejoría de su formación y competencias.
La tanda extendida posibilitó desayuno y almuerzo, sin mejora de currícula, y se entregaron uniformes, tabletas y computadoras, pero siempre la ambición de dinero como motor de las iniciativas.
La pandemia covidiana, agudizó los males de la educación, pero abrió otros caminos para negocios de los genios creativos en el campo de la corrupción.
Luis Abinader asumió el gobierno en el pico del Covid y en el ámbito educativo se desplegaron iniciativas contingentes para “salvar” la docencia ante la imposibilidad de llevar los niños a las aulas, que terminaron con serios cuestionamientos.
Varias licitaciones fueron denunciadas por alegadas irregularidades, otras anuladas por la dirección de Contrataciones Públicas, mientras compras realizadas por el ministerio de Educación sufrieron duras críticas.
El llamado “nuevo modelo educativo” naufragó y el presidente Abinader decidió la destitución del incumbente, Roberto Fulcar, su pasado jefe de campaña y uno de sus más cercanos colaboradores.
En toda esta historia con “pacto por la educación” de por medio, el gremio de los maestros se ha mostrado muy crítico, pero su énfasis fundamental ha estado en los reclamos de mejoras salarias. Un convidado especial en la fiesta de las papeletas.
Después del desperdicio de más de un billón de pesos en 9 años, el nuevo ministro de Educación, Ángel Hernández hace una ruidosa entrada, al sumarse a las voces que critican el derroche del dinero del contribuyente, en términos muy gráficos y recios.
“El ministerio tiene 250 mil personas nombradas con un presupuesto de casi 250 mil millones de pesos, y todo se va al zafacón. ¿Por qué? Porque los niños no aprenden; no están aprendiendo. Entonces eso no tiene sentido hacer una inversión tan alta durante 10 años para que el dinero se pierda”, dijo el funcionario ante directores regionales y de distritos de la región norte.
Precisó que todas las evaluaciones nacionales e internacionales indican que el sistema educativo dominicano está en el suelo y “nadie se preocupa por saber si el niño aprendió” y se quejó de que “no hay responsabilidad en los resultados”.
¿Qué hará Hernández después de tan fulminante planteamiento? ¿Cuáles serán sus primeros pasos? ¿Llegó con un plan? La expectativa es alta.
El mal uso del dinero o las incompetencias de funcionarios no pueden justificar la disminución de los recursos dedicados a la educación.
Mientras, apoyado en la amplia documentación que reposa en los archivos del ministerio, Hernández podría ayudar a identificar en cuáles residencias están esos zafacones llenos de millones de pesos.
Nunca podrá haber paz para los ricos del embrutecimiento de niños.
