En Especial
Cristhian Jiménez
Santo Domingo. “Apruébenles esa vaina a los gringos…Total”. Esta frase podría haberse expresado en algunos despachos políticos importantes con aire de hartazgo, ante la desgastante controversia sobre el proyecto de Ley de Extinción de Dominio.
Pocos la quieren, aunque casi todo el mundo político dice apoyarla, mientras empresarios reprochan que el proceso de aprobación vaya “como caña pal’ ingenio”.
Legisladores oficialistas alegan que existe el “compromiso político y social” de aprobar la legislación en esta legislatura, mientras se presentan situaciones curiosas.
Legisladores perremeistas discrepan sobre el carácter ordinario u orgánico de la ley, aunque proclaman que en la Cámara de Diputados la aprobarán como llegó desde el Senado, sin modificaciones y con mayoría simple.
Los senadores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y de la Fuerza del Pueblo votaron en contra del proyecto, alegando inexactitudes y violaciones constitucionales en el texto aprobado. Prometieron igual comportamiento en la cámara baja.
Los opositores imputan al Partido Revolucionario Moderno aprobar la ley maliciosamente como ordinaria para que sea rechazada por el Tribunal Constitucional.
El presidente Luis Abinader ha prometido en más de una ocasión a la representación de los Estados Unidos en el país su apoyo a la ley que persigue los bienes ilícitos mediante procesos civiles e incluso el gobierno ha firmado acuerdos con recepción de ayuda para este fin.
José Ignacio Paliza, presidente del PRM proclamó hace poco que la ley va “sí o sí”.
Grupos empresariales han hecho advertencias puntuales sobre riesgos para la inversión y la propiedad privada y destacados juristas y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) han insistido sobre supuestos elementos de inconstitucionalidad del proyecto de ley.
La impresión pública es que estas opiniones, al menos frente a la versión del proyecto aprobada en el Senado, han sido avasallantes y difícil de rebatir legamente por lo que se apura el conocimiento y aprobación sin importar el destino final de la pieza.
Los argumentos perremeistas lucen debilitados y solo se hace énfasis en “recuperar lo robado”, sin adentrarse en las honduras de los argumentos de sectores productivos y de los abogados constitucionalistas.
Esta situación ha favorecido a sectores políticos opositores que tampoco gustan de la Ley de Extinción de Dominio, que distraen con escaramuzas diversas con oficialistas renuentes a la línea pública del PRM.
Argumentos de impulsores de la ley, en los últimos días no ayudan a la causa del presidente Abinader y el PRM, como los casos de la diputada Soraya Suárez y el senador Pedro Catrain, presidente de la comisión bicameral que estudió el proyecto.
Catrain dijo que no puede haber cambios en la Cámara de Diputados porque “el compromiso político y social es aprobar esa ley en esta legislatura, que termina el 26 de julio”, mientras que Suárez, como si se descargara de responsabilidad, mandó a los tribunales que se encarguen de los elementos controversiales.
El tema de la paternidad de la ley ha estado presente también en las disputas políticas, ya que la ordena la Constitución del 2010, y el PLD ha insistido en que su Senado la aprobó en dos ocasiones, aunque perimía en la Cámara de Diputados.
¿Sabían todos los asambleístas lo que aprobaban en aquel año cuando se ordenaba crear otro instrumento, más expedito, para el rescate de bienes ilícitos?
La respuesta es de todos conocida, ya que en varias ocasiones se ha verificado ignorancia sobre proyectos aprobados, que luego son sometidos a rectificaciones, por cuestionamientos públicos.
He insistido en que pocos en el país desean una ley como la comentada, al menos con los alcances indicados. Ir sobre pasos ya recorridos en la acumulación originaria genera pánico.
