Santo Domingo.- El Movimiento Reconocido reclamó este miércoles al Gobierno de Luis Abinader la «urgente definición» de una ruta de salida para la situación de más de 8,000 personas que, «no teniendo otra alternativa», se acogieron al proceso establecido por la ley 169-14 para la «recuperación de la nacionalidad» por medio de la naturalización.
«A 8 años del inicio de este proceso, que debía durar apenas dos años, ninguna de estas personas hoy tiene su nacionalidad restituida», dijo el movimiento de defensa a los haitianos residentes en el país.
La ONG aseguró en un documento que «el presidente Abinader durante los años 2013-2016 se pronunció en varias ocasiones a favor del reconocimiento de los derechos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana» y que, incluso, «declaró que como nieto de inmigrantes el criterio de la sentencia 168-13 lo habría privado de la nacionalidad dominicana de habérsele aplicado».
Reconocido enfatizó, en ese orden, que ahora que es presidente, Abinader «tiene la oportunidad» de recordar sus propias palabras y «cumplir con lo que la Constitución, las leyes y los pactos internacionales dictan en materia de derechos humanos».
El movimiento afirmó que el Gobierno «puede y debe» salidas justas y razonables a la situación de «miles de compatriotas» que se ven encapsulados indefinidamente en una jaula de terror debido a la persecución estatal, como si estuvieran secuestrados en su propia tierra.
«Salen de sus viviendas con miedo, viven en condiciones indignas por carecer de medios para mejorar su calidad de vida y con las esperanzas cada vez más lejanas, al no poder acceder a estudios formales, a empleos formales», consideró la entidad.
«No es posible sostener ese estado de cosas a largo plazo, ni se puede supeditar a consideraciones partidistas o electorales lo que atañe a los derechos humanos y la dignidad de miles de seres humanos», agregó el movimiento.
Reconocido, por otra parte, denunció los supuestos atropellos que han sufrido «dominicanos de ascendencia haitiana», por parte de la Dirección General de Migración (DGM).
«Las arbitrariedades sufridas por nuestra comunidad son la expresión de una práctica racista, una clasificación de la población residente en el país basada en el color de la piel y que no solo afecta a personas inmigrantes haitianas sino también a personas dominicanas», apuntó la organización.EFE
