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El expresidente hondureño Hernández es sometido a un proceso de extradición que muchos esperaban

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Tegucigalpa, – El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández se ve hoy detenido y sometido a un proceso de extradición a Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico, para cuyo inicio las autoridades de ese país tardaron tres semanas desde que el 27 de enero concluyó sus dos mandatos en el poder (2014-2022).

Desde el martes, cuando fue capturado en su domicilio, en Tegucigalpa, Hernández permanece detenido en una unidad especial de la Policía Nacional, a la que fue remitido por el juez natural designado para atender la solicitud de extradición de EE.UU., que lo acusa de tres cargos asociados a narcotráfico y armas.

SU ESPOSA DICE CONFIAR EN QUE DIOS «HARÁ JUSTICIA»

Según fuentes de la Policía Nacional, el expresidente permanece en un sitio seguro, se ve tranquilo, hace ejercicio y recibe la visita de su madre, su esposa y sus hijos.

La captura de Hernández era esperada por muchos sectores, pero no que fuera tan inmediata tras el fin de sus ocho años de gobierno, a los que se suman cuatro (2010-2014) como presidente del Parlamento.

Luego del arresto provisional que el juez le dictó el miércoles, su esposa, Ana García, escribió en Twitter: «¡Dios es nuestra principal fortaleza y en Él confiamos que hará justicia!».

«Como familia estamos viviendo momentos difíciles que no se los deseamos a nadie», dijo la ex primera dama.

Además, agradeció a nombre del expresidente y su familia el respaldo que han recibido de amistades, las bases del Partido Nacional y de miles de hondureños, que han sido «un soplo de aliento» que los ayuda a sostenerse «en medio de la tempestad», que los «reconforta y anima».

APELACIÓN POR ARRESTO PROVISIONAL

El miércoles, en la primera audiencia judicial, Hernández conoció sus derechos, los tres cargos que le imputa EE.UU. y su petición de que fuera capturado, hecha el lunes a través de la Cancillería.

Su defensa solicitó que se le dictara arresto domiciliario, a lo que no accedió el juez, que además le fijó para el 16 de marzo la segunda audiencia para la presentación de pruebas por parte de EE.UU. y los argumentos de sus defensores.

Los abogados de Hernández tienen hasta el lunes para apelar la decisión del juez de dictarle «formal arresto provisional».

El 16 de marzo, si no hay imprevistos, como una eventual petición del exgobernante de entregarse de manera voluntaria a autoridades de EE.UU., se estaría conociendo del juez si dictará o no la extradición, coinciden abogados analistas que siguen el caso y han conocido de 32 hondureños extraditados desde 2014 al país del norte.

Otros analistas coinciden en que todo apunta a que Hernández sería deportado, por el peso que suponen las denuncias y acusaciones de Estados Unidos, que al parecer le venía investigando desde 2004.

Además, aducen que hasta ahora las pruebas que presentó Estados Unidos contra los hondureños que ha solicitado en extradición, por narcotráfico, han sido tan contundentes que ninguna fue rechazada.

SE ESPERAN MÁS SOLICITUDES DE EXTRADICIÓN

Aunque oficialmente Estados Unidos no ha solicitado nuevas extradiciones, diversas fuentes coinciden en que ese será el siguiente paso, considerando que en el caso de Hernández están implicados varios políticos, funcionarios, militares, policías, empresarios, incluso el expresidente Porfirio Lobo (2010-2014).

El expresidente Manuel Zelaya, esposo de la nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien el 27 de enero pasado sucedió en el poder a Hernández, dijo hoy a los periodistas que al menos la nueva administración no ha recibido más peticiones de extradición por parte de los Estados Unidos.

Agregó que lamenta «lo que le pasa a Juan Orlando Hernández y su familia» y que el canciller, Eduardo Enrique Reina, ha dicho que si llegaran nuevas solicitudes les dará el trámite correspondiente.

Dijo además que la presidenta ha reiterado su posición de «no al narcotráfico, no al crimen organizado, no a la corrupción» y que «el Gobierno tiene que luchar en ese sentido hasta lograrlo».

En el caso del expresidente Lobo, Estados Unidos anunció en julio de 2021 que le había suspendido la visa para ingresar a ese país, porque mientras era presidente «aceptó sobornos de la organización narcotraficante los Cachiros a cambio de favores políticos», según indicó el secretario de Estado, Antony Blinken, en un comunicado.

El expresidente Lobo ha reiterado en varias ocasiones que no ha tenido nexos con narcotraficantes hondureños, de quienes asegura que mienten en Estados Unidos para buscar que les rebajen las condenas.

El 6 de septiembre de 2017, Fabio Lobo, hijo de Porfirio Lobo, fue sentenciado en un tribunal federal de Nueva York a cumplir 24 años de prisión por el delito de conspirar para importar cocaína desde su país a EE.UU., mientras que al exdiputado Juan Antonio «Tony» Hernández, hermano de Juan Orlando Hernández, fue sentenciado en marzo de 2021 a cadena perpetua más 30 años de prisión por tráfico de narcóticos en un tribunal de Manhattan.

Entonces, también se destacó que las actividades delictivas de «Tony» Hernández fueron patrocinadas por el propio Estado de su país y se le acusó de haber «asfixiado» a la nación centroamericana.

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