Esta información la ofreció el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, un día después de que la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) cuestionara el contenido del contrato del fideicomiso, por contener supuestas «violaciones» a la Constitución, así como indicios de privatización.
«El Gobierno dominicano garantiza a los ciudadanos que Punta Catalina es y seguirá siendo 100 % propiedad pública», afirmó Figueroa al leer un comunicado oficial.
El vocero indicó que en el artículo 3 del decreto que crea el fideicomiso se indica «de forma clara e inequívoca» que las tres partes constitutivas del ente gestor de Punta Catalina son instituciones públicas.
Estas instituciones son la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), la Fiduciaria Reservas y el Ministerio de Hacienda.
«Como queda explicado, el Estado es quien cede, el Estado es quien recibe y el Estado es el que se beneficia. No puede entonces llamarse privatización a una operación sin empresas privadas. No puede entonces llamarse privatización a una operación en la que no hubo transacción de compra y venta», enfatizó el vocero.
La FJT denunció que detectó una serie de irregularidades en el contrato del fideicomiso, de los que «se infiere, indefectiblemente, la vocación que tendrá Punta Catalina de ser privatizada, con el consentimiento del Poder Ejecutivo y la aprobación del Comité Técnico» mediante mecanismos «enteramente privados».
La entidad solicitó al Senado que deseche el contrato, ya que «llevaría al secretismo» el manejo de Punta Catalina, al entregarlo a un Comité Técnico cuyos integrantes se convertirían en sus «dueños, amos y señores», usando «el subterfugio de un mal llamado fideicomiso público».EFE
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