Santo Domingo,- Los generales Juan Carlos Robiou y Boanerges Reyes Bautista fueron enviados a cumplir 18 meses de prisión preventiva junto a otros tres presuntos implicados en un entramado de supuesta corrupción que movilizó unos 4,500 millones de pesos en operaciones ilícitas.
La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, también dictó prisión preventiva para los imputados, el mayor de la Policía Nacional José Manuel Rosario Pirón, el capitán de navío (coronel) de la Armada Dominicana, Franklin Antonio Mata Flores y el coronel Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara.
El arresto domiciliario fue impuesto al coronel de la Fuerza Aérea de República Dominicana Miguel Ventura Pichardo, a la gerente bancaria Esmeralda Ortega Polanco, así como a César Félix Ramos Ovalle, a la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez.
Al coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz y al teniente coronel Kelman Santana Martínez, ambos del Ejército de República Dominicana, se les dictó presentación periódica ante la Fiscalía e impedimento de salida del país.
Todos están imputados de supuesta corrupción en la ejecución de la llamada operación Coral 5G, una extensión de la operación Coral, que llevó a prisión preventiva al jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, mayor general Adán Cáceres Silvestre.
El Ministerio Público había solicitado 18 meses de prisión preventiva para 11 de los 12 imputados.
La jueza Romero favoreció la petición de la Fiscalía de declarar el caso complejo.
Otro de los presuntos implicados en la red es el general Julio Camilo de los Santos Viola, cuyo caso no fue conocido en esta oportunidad, ya que recusó en dos ocasiones a la magistrada Romero, quien deberá esperar una decisión al respecto de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
«Tal como nos caracteriza, hemos presentado un proceso blindado con el cual cumplimos con la palabra empeñada de que la lucha contra la corrupción avanza en la República Dominicana (…) no nos detendremos, a este proceso no hay fuerza humana que lo pueda detener», dijo a periodistas el procurador adjunto Wilson Camacho.
Los acusados fueron arrestados en noviembre en varios operativos que incluyeron la incautación de decenas de propiedades.
Están imputados de los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
Según las investigaciones, los supuestos implicados aumentaban artificialmente la nómina del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cestur para obtener beneficios económicos.EFE
