Bangkok,- La junta militar de Birmania (Myanmar) ha presentado un nuevo cargo contra la depuesta líder Aung San Suu Kyi y el expresidente Win Myint, a los que acusa de violar las leyes anticorrupción del país, informó este miércoles la prensa oficial.
Tanto Suu Kyi como Win Myint fueron acusados el martes en una comisaría de Naipyidó, la capital, por supuestas irregularidades en el alquiler y la compra de un helicóptero entre 2019 y 2021 por parte del entonces ministro de Bienestar Social Win Myat Aye, según el periódico Global New Light of Myanmar, controlado por la junta.
Los militares acusan a Myat Aye de haber empleado fondos del comité de gestión de desastres naturales y provocar un gasto innecesario al Estado al pagar más de 3 millones de euros (3,5 millones de dólares) por horas de vuelo que nunca llegó a gastar y comprar después el helicóptero con los mismos fondos por 11, 2 millones de euros (12,8 millones de dólares).
Tanto el expresidente Win Myint como Suu Kyi, que entonces era la líder de facto del Gobierno, están acusados de abuso de poder y de causar pérdidas económicas al Estado al haber autorizado estas operaciones.
El tribunal especial que la juzga en Naipyidó aplazó este martes hasta el 6 de diciembre las primeras sentencias de los casos de incitación y de incumplimiento de la ley de Desastres Naturales.
La depuesta líder, detenida desde el golpe de Estado militar del 1 de febrero, también está siendo juzgada por otros cargos como la importación ilegal de «walkie talkies», la vulneración de la Ley de Secretos Oficiales (castigada con hasta 14 años de prisión), abuso de poder y corrupción por, supuestamente, haber aceptado sobornos.
El Ejército justifica la toma de poder por un presunto fraude masivo durante las elecciones generales del pasado año, cuyo resultado fue anulado y en las que el partido de Suu Kyi arrasó, como ya hizo en 2015 con el aval de observadores internacionales.
El golpe de Estado supuso el encarcelamiento de Suu Kyi y otros líderes de su partido, la Liga Nacional para la Democracia, y sumió a Birmania en una profunda crisis política, social y económica.
Según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP), desde el golpe de Estado las fuerzas de seguridad han quitado la vida a 1.299 personas y han detenido de manera arbitraria a más de 10.500 personas.
