Santo Domingo,- El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, expuso este viernes la deficitaria capacidad de las maternidades del país, como respuesta a la polémica surgida por la detención y deportación de inmigrantes haitianas embarazas en situación irregular.

Actualmente se registran 100 partos de madres haitianas por día, lo que supone cerca del 30 % de los nacimientos, frente al 12.5 % registrado en 2018.

Según explicó Rivera, la tendencia continúa en aumento y se proyecta que en 2022 el 40 % de los partos correspondan a parturientas procedentes del país vecino, sean residentes o no en República Dominicana.

Esto supone que «las dominicanas tienen que migrar al sector privado» porque las plazas de obstetricia son limitadas, una limitación incrementada por la pandemia de covid-19, reiteró.

Precisó, además, que la tendencia no se produce solo en la frontera, «es en todo el país», siendo los lugares de mayor afluencia de extranjeras Valverde, donde las haitianas llegan al 70 % de las pacientes; La Altagracia, con un 65 %; así como Santiago, Santo Domingo y el Distrito Nacional, según datos recabados de enero a septiembre.

Esto ha supuesto un incremento en las cifras de mortalidad materna en el país, apuntó el ministro, siendo haitianas un 41.8 % del total las parturientas que fallecieron en los hospitales dominicanos, en muchos casos por la ausencia de chequeos prenatales de las madres que llegan con graves problemas de salud.

Además de saturar la capacidad de las maternidades, y «ese es el problema», en algunos casos «son pacientes de alto costo» por las atenciones que precisan cuando llegan a recibir atención al parto dada su condición de salud, principalmente las que llegan al país de forma expresa para dar a luz.

El titular de la Dirección General de Migración (DGM), Enrique García, reconoció hoy que el pasado martes comenzaron las expulsiones de mujeres extranjeras embarazadas y desde entonces «van cientos de deportadas» a Haití.

Estos retornos forzosos forman parte de un paquete de medidas recogidas en una resolución administrativa del Gobierno para frenar la inmigración desde el país vecino, aunque las autoridades insisten en que se seguirá dando atención de urgencia a cualquier ciudadano sea cual sea su estatus migratorio.EFE

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