El aplazamiento se produjo para que el Ministerio Público disponga del tiempo necesario para extraer los datos contenidos en cinco celulares propiedad de otros tres implicados en el crimen.
Ramírez fue secuestrado el 11 de octubre de 2017 y su cadáver hallado un día después en un río con un disparo en la cabeza y un bloque de cemento atado al cuello.
Contreras fue deportado al país en febrero pasado, tras permanecer casi tres años preso en Estados Unidos, acusado de violentar las leyes migratorias de ese país, adonde se dirigió tras el suceso.
La muerte de Ramírez Ferreras destapó un presunto manto de corrupción que imperaba en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa), donde Contreras era el encargado de compras y contrataciones.
Por el asesinato de Ramírez fueron imputados al principio el exdirector de la Omsa Manuel Rivas, el ex director financiero de la entidad y coronel de la Policía Nacional Faustino Rosario, así como el presunto acompañante de Contreras en el asesinato, José Antonio Mercado (El Grande), un exempleado de la Omsa.
Posteriormente se determinó que los primeros, presuntamente, no estaban vinculados al asesinato, pero que «incurrieron en asociación de malhechores para cometer los deplorables actos de corrupción y estafa» en la Omsa revelados tras la muerte de Ramírez, quien investigaba irregularidades en esa dependencia estatal.
Rivas y Rosario en encuentran en libertad condicional, pero Mercado permanece en prisión preventiva a la espera de juicio de fondo, al igual que Jorge Luis Abreu Fabián, Heidy Carolina Peña, Lilian Francisca Suárez Jáquez y Víctor Elisander Ravelo Campos.
También ha sido imputado el empresario Eddy Santana Zorrilla.EFE
