Bangkok,- La junta militar de Birmania informó de la detención de la doctora Htar Htar Lin, directora del programa de vacunación contra la covid-19 hasta el golpe de Estado del 1 de febrero, recoge este domingo la prensa oficialista.
La facultativa birmana es acusada de abandonar sus funciones para unirse al Movimiento de Desobediencia Civil, que con su huelga indefinida ha puesto en jaque a la junta militar, y estar vinculada al opositor Gobierno de Unidad Nacional (NUG), calificado de «terrorista» por el mando castrense.
Las autoridades arrestaron el pasado jueves en Rangún a Htar Htar Lin por una acusación de «incitación a la agitación pública», penada con hasta 3 años de cárcel, publica hoy el diario The Global New Light of Myanmar, controlado por la junta militar.
Según el medio, la doctora ha reconocido que mantenía contacto frecuente con el doctor Zaw Wai Soe, nombrado ministro de Sanidad por el NUG y también perseguido por los militares, para redactar comunicados y discursos alentadores en favor del movimiento opositor y diseñar programas sanitarios para la disidencia política.
Por ello también será acusada por asociación con «agrupaciones ilegales», castigado con un máximo de 3 años de cárcel.
Los médicos y el personal sanitario fueron de los primeros en sumarse al masivo Movimiento de Desobediencia Civil, secundado por profesores, funcionarios y trabajadores de múltiples sectores, que se niegan a trabajar para la junta militar.
A raíz de esta oposición, que ha paralizado desde febrero casi todos los hospitales públicos del país, los uniformados han detenido y encarcelado a decenas de trabajadores sanitarios.
Desde la toma del poder por parte de los militares, el país vive sumido en el caos mientras que los expertos médicos alertan de que pueda existir un rebrote de la pandemia sin detectar, debido al frenazo en la realización de los test y la campaña de vacunación.
El 16 de abril un grupo de políticos y activistas opuestos a los militares anunció la formación del NUG, que busca restaurar el sistema democrático en Birmania con el apoyo y el reconocimiento de la comunidad internacional.
Desde el sublevamiento castrense que puso fin a una década de democracia en Birmania, al menos 862 civiles han muertos a raíz de la brutal represión ejercida por las fuerzas de seguridad, según cifras de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos.
El Ejército birmano justifica el golpe por un supuesto fraude electoral en los comicios de noviembre, en los que arrasó el partido liderado por la nobel de la paz Aung San Suu Kyi, como ya hiciera en 2015, y que fueron considerados legítimos por los observadores internacionales.
