Bogotá,- La apuesta por el diálogo empieza a dar frutos en la crisis colombiana después de que el Comité Nacional de Paro (CNP) hiciera este martes un llamamiento a levantar los bloqueos, aunque desde los barrios donde los mantienen critican la poca legitimidad que tienen los sindicatos en la protesta.

El CNP, conformado por organizaciones sociales y sindicales, aseguró que este martes se está dando un «desescalamiento» de los bloqueos organizados desde el 28 de abril para aliviar la situación de desabastecimiento en varias regiones del país, como muestra de la voluntad de ese organismo para negociar con el Gobierno tras 33 días de manifestaciones.

«Hay más de 40 ‘puntos de resistencia’ (bloqueos) que se han suspendido gracias al desescalamiento, a las orientaciones, a la concertación. Así el Gobierno nacional hoy no tiene ninguna disculpa de decir que no firma los preacuerdos», dijo el directivo de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), Nelson Alarcón.

Este es el primer avance logrado después de dos semanas de reuniones en las que los diálogos entre representantes del Comité y una delegación del Gobierno colombiano permanecían empantanados, pues las partes se mantenían sin ceder en sus condiciones.

Sin embargo, sobre los diálogos persiste una sombra de incertidumbre porque se desconoce si el CNP tiene la suficiente influencia sobre los manifestantes tan heterogéneos y las movilizaciones que desde hace un mes surgen espontáneamente en casi todo el país.

En los barrios populares, sobre todo en los de Cali (suroeste) donde se mantienen los puntos de resistencia más fuertes, consideran que el CNP no tiene «ninguna autoridad».

«El problema es que el CNP, una vez que llegó el 1 de mayo, se desprendió por completo de las protestas”, aseguró a Efe Pipe, un defensor de derechos humanos desde el renombrado «Puerto Resistencia», que agrupa a varias comunas del oriente de la ciudad, golpeadas por la pobreza y la violencia pandillera.

Desde barrios como este piden al Comité que se sienten a dialogar en los plantones con ellos y unifiquen las demandas que quieren negociar con el Gobierno, «pero ni siquiera tienen la voluntad de hacerlo. Por lo tanto no gozan de legitimidad para decir que se levanten los bloqueos», resumió este joven.

DIÁLOGO CON EL GOBIERNO

El Gobierno ha condicionado la apertura de una negociación al cese de los bloqueos en carreteras y ciudades, petición también secundada por empresarios ya que, según una encuesta de las Cámaras de Comercio colombianas, más del 22 % de las empresas afiliadas han tenido que suspender operaciones por los bloqueos y casi todos los empresarios encuestados reconocen que muchos puestos de trabajo corren riesgo por el paro nacional.

Mientras tanto, los jóvenes defienden que la obstrucción de las vías es una forma válida de protesta y ven los bloqueos como la única vía para que les hagan caso. «Lo que queremos es que nos escuchen», alegó Pipe, y para ello ven como única solución «afectar la economía para que se puedan sentar a dialogar».

La Defensoría del Pueblo aplaudió el anuncio del Comité, con quien han logrado levantar 31 bloqueos en 10 departamentos del país.

Lo mismo hizo la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA), que saludó esa y otras medidas acordadas en los departamentos del Cauca y el Valle del Cauca, como el desbloqueo de la Vía Panamericana, la principal carretera del suroeste del país, que estaba taponada desde hace más de un mes.

Las protestas dejan al menos 20 muertos, según la Fiscalía, aunque la ONG Temblores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), señalan que han sido registrados 60 homicidios, 43 de ellos presuntamente cometidos por la fuerza pública.

RECHAZO EN LOS BARRIOS

En «Puerto Resistencia», los bloqueos en la entrada al barrio se han convertido en casetas en mitad de la calle Simón Bolívar, una de las principales de Cali, y en monumentos a la «resistencia» como el de un puño de 10 metros de altura hecho con alambres.

«Libertad», un joven encadenado a un poste con una bandera de Colombia y en huelga de hambre desde el 28 de abril, asegura que no van a aceptar un diálogo «hasta que el Gobierno acepte que en verdad nos está matando y pida disculpas a toda Colombia».

Los «pelaos», como se les llama popularmente a los jóvenes en Colombia, temen salir de estos puntos por el miedo a que los maten o simplemente porque no quieren volver a la normalidad. «La normalidad en Colombia aterroriza porque son personas aguantando hambre, miles de jóvenes desempleados», alegó Pipe.

La Alcaldía de Cali estableció la noche del lunes una mesa de diálogo directo con estos jóvenes, un formato que piden que se repita con representantes del Gobierno para una interlocución directa con el presidente Iván Duque, que los ha excluido tanto de la mesa como en sus visitas a Cali.

«Mientras en el día el señor presidente habla de diálogo en sus canales de preferencia, en la noche salen personas en carros lujosos a disparar a los muchachos», resumió Pipe, quien asegura que solo anoche hubo tres muertos en las comunas. «Entonces es bastante grave que mientras hablan de diálogo a nosotros nos están matando», continuó.

La aparición de civiles armados en algunos de estos barrios de Cali que dispararon bajo la inacción de agentes de Policía el pasado viernes ha agravado la situación. Solo ese día se produjeron en esta ciudad 13 homicidios, de los cuales al menos tres se relacionan con las protestas, según la Policía.

Tras estos hechos, Duque ordenó la militarización de Cali y otras ciudades del país, lo que ha servido también para levantar puntos de bloqueo como el de La Luna, despejado hoy, según el Ministerio de Defensa, para «restablece el orden y la tranquilidad».

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