El pasado viernes, el ministro de Energía y Minas y presidente la denominada Comisión Liquidadora de la CDEEE, Antonio Almonte, dio detalles en rueda de prensa sobre el proceso para eliminar esta institución mediante un decreto del poder Ejecutivo emitido en agosto del pasado año.
La FJT destacó «la improcedencia e ilegalidad», que supone eliminar la institución cuya creación está recogida en la ley General de Electricidad.
En este sentido, el presidente de la entidad, Trajano Potentini, explicó que, según la jerarquía normativa, «las leyes están por encima de los decretos, en consecuencia, se hace imposible en el plano institucional, eliminar por decreto una institución que ha sido establecida por una ley, como lo sería el caso ocurrente».
Asimismo, calificó de «precedente peligroso el cierre de una institución por decreto», anulando las facultades del Congreso Nacional, que es el «único poder del estado» que estaría facultado para modificar o eliminar la CDEEE mediante otra ley, pero «nunca con un plumazo del Ejecutivo».
Además, el proceso afecta a los derechos de empleados y proveedores y supone el manejo «de contratos e intereses que envuelven miles de millones de dólares, sin contar el traspaso a las EDES de los contratos y responsabilidades» a empresas «que poseen una estructura privada, y cuyo capital estatal «podría cambiar con el simple hecho de vender acciones».
Potentini instó a la sociedad a esta atenta frente a «la ola privatizadora que viene gestándose» bajo diversos mecanismos, como el fideicomiso anunciado en la termoeléctrica de Punta Catalina, y las liquidaciones y cierres de empresas que la Fundación llevará a los tribunales la próxima semana, anunció.EFE
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