Estrasburgo (Francia.- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) precisó este jueves que un confinamiento decretado por un gobierno «no puede considerarse un arresto domiciliario», en relación con una demanda contra Rumanía por las restricciones debidas a la covid decretadas el año pasado.

Los jueces europeos rechazaron la demanda del diputado europeo de Rumanía Cristian-Vasile Terhes del Partido Social-Demócrata, que se quejó de que el confinamiento en Rumanía entre el 24 de marzo y el 14 de mayo de 2020 fue una «privación de libertad».

La sala cuarta del Tribunal de Estrasburgo recuerda que el eurodiputado podría haber invocado el artículo 2 del Protocolo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre libertad de circulación, pero solo alegó el 5.1 sobre el derecho a la libertad y a la seguridad.

En su decisión, hace notar que durante el citado confinamiento de 52 días el demandante, que reside en Zalau, en la región de Transilvania, «tenía la libertad de abandonar su domicilio por diferentes razones» con un certificado de desplazamiento.

También constata que Terhes «no era objeto de una vigilancia individual por parte de las autoridades» y en su denuncia no afirmaba «haber sido obligado a vivir en un lugar estrecho y no poder establecer contactos sociales».

Por eso, concluye que «el grado de restricciones» a su libertad de circulación no fue de tal intensidad que le permita equiparar el confinamiento general impuesto por las autoridades a «una privación de libertad» individual.

El 17 de marzo de 2020 Rumanía informó al Consejo de Europa de la aplicación de una derogación a los derechos en caso de estado de excepción, algo contemplado en el citado Convenio, y le ha mantenido al corriente de las medidas adoptadas hasta el cese del estado de urgencia.

Todos los recursos que presentó Terhes ante los tribunales rumanos por su «detención administrativa» fueron rechazados.

El TEDH tiene al menos 22 demandas pendientes relacionadas con la pandemia, la mayoría presentadas por presos que están encarcelados en Reino Unido, Grecia, Chipre y Malta.

Hay demandas contra Italia por no garantizar el mantenimiento del vínculo entre un padre y una hija; contra Rumanía y Grecia por no permitir los servicios religiosos; contra Suiza por la prohibición de manifestaciones; y contra Eslovaquia por el cierre comercial.

Además, un ciudadano ruso ha demandado a su país por ser condenado a una multa de 390 euros por difundir en Instagram que en la región de Krasnodar no había casos auténticos de covid.

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