En la audiencia donde se conoce la medida de coerción en contra de los seis imputados, entre ellos el mayor general Adán Cáceres Silvestre, jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, varió la solicitud en contra de Girón Jiménez argumentado cuestiones de seguridad.
El Ministerio Público había solicitado 18 meses de prisión para los imputados, pero en contra del mayor «procede variar» la petición y dictar prisión domiciliaria «en virtud de que entendemos que los aportes que ha hecho a la investigación (…) lo han colocado en una situación especial».
Girón Jiménez cumpliría dicho arresto en una dirección que de manera confidencial el Ministerio Público proporcionará a la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, encargada del caso.
Durante su intervención la noche de este jueves ante el tribunal, Girón Jiménez aceptó las acusaciones en su contra y explicó cómo, supuestamente, desarrollaban sus actividades delictivas en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), principalmente con el abultamiento de la nómina.
También, ofreció detalles de las operaciones que llevaban a cabo para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país.
De manera específica se refirió al rol que supuestamente dentro de la red ejercía Cáceres Silvestre, exresponsable del Cusep en la administración de Danilo Medina, así como la pastora Rossy Guzmán con maniobras que desarrollaban, según dijo, a través del coronel policial Rafael Núñez de Aza, según un comunicado del Ministerio Público.
El imputado también mencionó como parte de la supuesta trama al general Juan Carlos Torres Robiou, hasta poco director del Cestur.
Por el caso, también está imputado Alejandro José Montero Cruz y Tanner Flete Guzmán, hijo de Rossy Guzmán.
El Ministerio Público acusa al grupo de presuntamente cometer los delitos de lavado de activos proveniente de actos de corrupción, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, estafa contra el Estado dominicano, falsificación de documentos públicos, y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.EFE
