Los pasados comicios municipales y departamentales significaron el cierre de un complejo calendario electoral, tras la crisis de 2019 que derivó en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia y la pandemia que obligó al aplazamiento de las elecciones en dos ocasiones.
Las nuevas autoridades, muchas de agrupaciones opositoras, afrontarán el desafío de coordinar proyectos con el Gobierno del presidente Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS), partido que tras recuperar el poder tras la salida de Morales se enfocó en extender su poderío al resto del país, situación que le resultó adversa en las subnacionales.
El MAS se quedó con solo tres de las nueve gobernaciones en las que se divide el país y dos de las diez principales ciudades, sin embargo, el partido gobernante amplió su presencia al 70 % de los municipios, trece más que en las subnacionales de 2015, tras vencer en 240 de las 336 Alcaldías de Bolivia.
LLAMADO A LA UNIDAD
«Queremos nosotros ya despojarnos de los colores políticos y empezar a trabajar. La unidad, la reconciliación van a hacer que salgamos adelante como ciudad», fue el llamado de la nueva alcaldesa de El Alto, Eva Copa.
La exintegrante del MAS y expresidenta del Senado convocó a sus «hermanos del MAS, a los tres concejales que se puedan sumar al cambio, a la transformación» de la ciudad de El Alto, la segunda ciudad más poblada del país.
El MAS, que encabeza Morales, expulsó a Copa de sus filas por su decisión de postular por la fuerza Jallalla después de que su candidatura fuera rechazada por la cúpula oficialista.
El nuevo alcalde de La Paz y exministro del Gobierno interino, Iván Arias, dijo que a «pesar de todos los problemas económicos, a pesar de todos los agujeros» que han encontrado, están «acá para remendarlos y mirar adelante».
El alcalde de Cochabamba, el opositor Manfred Reyes Villa, manifestó que los «tiempos de separación se terminaron, hoy toca apuntar al futuro con unidad».
DEJAR PERSECUCIÓN
Una de las principales figuras opositoras al MAS y a Morales, Luis Fernando Camacho, asumió este lunes la gobernación de Santa Cruz, el motor económico de Bolivia, con la exigencia al Gobierno de Arce que deje de la lado la «persecución a los que no piensan como él».
Camacho lideró en 2019 varias de las protestas por lo que el MAS lo considera uno de los principales gestores del supuesto «golpe de Estado» que derivó en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, incluso, está vinculado en el proceso que tiene en prisión a la expresidenta interina Jeanine Áñez, quien es acusada de supuesto terrorismo y sedición por los ellos registrados en la crisis de ese año.
«Si no cambia, si continúa el amedrentamiento y la persecución, si nos sigue lastimando con medidas económicas que nos asfixian, lo único que nos queda es defendernos y usted bien sabe que sabemos cómo hacerlo y lo hacemos muy bien», aseveró Camacho tras asumir el cargo de gobernador.
EL COVID Y LA ECONOMÍA
Las nuevas autoridades, oficialistas, opositoras y exmilitantes del MAS, coincidieron en que mejorar la lucha contra la covid-19 debe ser la prioridad para potenciar la economía de cada región.
El gobernador de Oruro, el oficialista Johnny Vedia, anunció una coordinación con el Gobierno central en temas como el litio y la instalación de una planta de zinc, y gestiones en materia de salud.
En la jornada el expresidente Morales le deseó «éxito a los alcaldes y gobernadores de toda Bolivia electos democráticamente».
«Después de recuperar la democracia es fundamental priorizar el tema salud frente a la pandemia y recuperar la economía, por lo que ratificamos la importancia de un Encuentro Nacional», escribió Morales en su cuenta de Twitter tras participar en la investidura del alcalde de Oruro, el oficialista Adhemar Wilcarani.
Wilcarani es hijo de Esther Morales, la hermana del exmandatario fallecida en 2020.
Las nuevas autoridades municipales y departamentales ejercerán sus cargos hasta 2026.
