Bangkok,- Los militares birmanos han presentado una nueva acusación de corrupción contra la depuesta líder civil, Aung San Suu Kyi, por presuntamente recibir sobornos de mano de un constructor.

El canal Myawaddy TV, propiedad del Ejército, emitió anoche unas declaraciones del dueño de una empresa de construcción quien asegura que en total entregó 550.000 dólares a Suu Kyi, divididos en cuatro pagos entre 2018 y el año pasado.

Según el testimonio que aparece hoy en la página web del canal, el constructor birmano llegó a entregar personalmente en tres ocasiones el dinero a la líder electa, quien se encuentra en arresto domiciliario desde el golpe de Estado militar del 1 de febrero.

El empresario, quien señala que en el momento de los sobornos no había otras personas con ellos, asegura que los pagos servían para “facilitar los permisos” de construcción.

La acusación televisada llega después de que Suu Kyi la semana pasada fuera acusada formalmente de haber recibido pagos ilegales por valor de 600.000 dólares y cantidades de oro durante su mandato de manos de Phyo Min Thein, jefe de la región de Rangún.

El letrado Khin Maung Zaw, uno de los representantes legales de Suu Kyi, calificó de “broma hilarante” esa acusación, la más grave presentada contra Suu Kyi hasta ahora.

La depuesta líder, de 75 años, también ha sido acusada por la junta militar de importación ilegal de dispositivos de telefonía, vulneración de las leyes contra la covid-19 y la publicación de mensajes “que incitan al miedo o a la alarma”.

Al menos 217 personas han perdido la vida víctimas de la brutal represión de las manifestaciones pacíficas que desde hace semanas tienen lugar en las calles de todo el país y unas 2.200 han sido detenidas, de ellas 319 ya en libertad, desde el sublevamiento militar, según datos de la Asociación para la Asistencia de Presos Polícitos (AAPP) en Birmania.

Los uniformados justifican el golpe por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, en los que arrasó el partido de Suu Kyi y que fueron calificados de legítimos por los observadores internacionales.

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