Santo Domingo.- Las contantes objeciones de las defensas de los seis imputados por el caso de los sobornos que pagó Odebrecht en la República Dominicana continúan impidiendo el avance del juicio, extendiéndose durante horas la declaración de la testigo del Ministerio Público, visiblemente cansada durante la sesión.

María Álvarez Dimaggio, que dio testimonio por segundo día consecutivo, fue identificando los documentos que le presentaba la acusación y explicando el proceso de elaboración de los informes que realizó sobre los acusados, cuyos abogados fueron recurriendo casi cada prueba.

Como ya ocurriera con otra analista de la Procuraduría General de la República (PGR) y hermana de Álvarez Dimaggio (Carmen Nadiezka Álvarez), las defensas trataron de evitar que prestara declaración la semana pasada alegando que se trata de un perito y no un testigo, por trabajar para la Unidad de Análisis Financiero de la institución.

El abogado del exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa consideró una pérdida de tiempo el interrogatorio y la muestra de documentos, puesto que se encuentran registrados en la Cámara de Comercio y Producción.

“El Estado gastó un dineral en revisar papeles, papeles, papeles… Gastaron horas, recursos y ni están los que tienen que estar y el expediente sigue siendo un disparate”, señaló Miguel Valerio en declaraciones a la prensa durante un receso, “es un expediente con imprecisiones y sin datos”, agregó.

Ese expediente “solamente está en la cabeza” del anterior procurador, Jean Alain Rodríguez, que “debería ser acreditado como testigo nuevo para que le explique al país cómo gastamos tantas horas, tantos recursos, tanto tiempo en una porquería de expediente” opinó.

Tras reanudar la sesión por unas dos horas durante la tarde, las juezas dispusieron suspender el juicio hasta el próximo lunes primero de febrero a las 9.00 de la mañana.

Los seis imputados en este caso son, además del exministro Víctor Díaz Rúa, los exsenadores Tommy Galán, Andrés Bautista y Roberto Rodríguez, el empresario Ángel Rondón y el abogado Conrado Pittaluga.

La constructora brasileña admitió haber pagado 92 millones de dólares en concepto de sobornos en el país entre 2001 y 2014 para lograr contratos de obras públicas. EFE

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