Ejecutarán un plan de trabajo para la elaboración de un modelo de pliego de condiciones para la contratación de la gestión y disposición final de los residuos sólidos.
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) acordaron este martes trabajar en el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los gobiernos locales para la adquisición de obras, bienes y servicios, a fin de garantizar la adecuada implementación de la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones Públicas y el uso del Portal Transaccional.
En el marco de un convenio de colaboración firmado por el presidente de Fedomu y alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, y el director de la DGCP, Carlos Pimentel, ambas instituciones dejaron conformado un equipo de coordinación técnica que, entre otras tareas, diseñará un Plan de Capacitación dirigido a los responsables de las áreas administrativas y financieras, en especial a los departamentos de compras de los ayuntamientos del país.
En ese sentido, la DGCP se comprometió a brindar asistencia técnica a los gobiernos locales en sus procesos de contratación pública y a celebrar seminarios y talleres de capacitación con las máximas autoridades municipales sobre la normativa vigente, así como a potenciar su implementación en el territorio a favor de las mipymes y mujeres.
Asimismo, invitará a los representantes de Fedomu y sus asociados a actividades de formación y sensibilización en temas afines al desarrollo sostenible, gestión de procesos o contratos públicos, buenas prácticas de contratación y cualquier otro tema que resulte de interés para el fortalecimiento de las capacidades de los cabildos.
En otro punto del acuerdo, ambas entidades se comprometieron a diseñar un plan de trabajo conjunto que implique la elaboración de un modelo de pliego de condiciones para la contratación de la gestión y disposición final de los residuos sólidos, otorgando un énfasis especial a las mejores prácticas en el diseño de los procesos y de los contratos que se traduzcan en beneficio de las comunidades. Además, a revisar las disposiciones contenidas en el marco legal actual y su adaptabilidad a las particularidades de los territorios.
