El magistrado, de esta manera, declaró la nulidad de los archivos definitivos porque estos no fueron notificados a las partes involucradas en el proceso.
«Esos archivos ni existen ni existieron nunca ni nunca fueron emitidos», dijo el juez al emitir su veredicto sobre la petición que los actuales responsables del Ministerio Púbico le formularon, luego de descubrir que las anteriores autoridades del organismo dispusieron el archivo definitivo de esos ocho expedientes.
Los expedientes en cuestión involucran al actual presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; al exsenador Julio César Valentín; al exdiputado Rudy González; al exministro de Industria y Comercio Temístocles Montás; a los exadministradores de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) César Sánchez y Radhamés Segura, así como a Bernardo Castellanos y Máximo De Óleo.
Ese grupo, además de los seis que son juzgados en la actualidad por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, conforman las 14 personas que fueron acusadas originalmente en mayo de 2017 de beneficiarse presuntamente de los 92 millones de dólares que Odebrecht confesó pagó como sobornos en el país.
Los que son juzgados actualmente son los exsenadores Andrés Bautista García, Roberto Rodríguez y Tommy Galán; el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, su supuesto testaferro Conrado Pittaluga Arzeno, y Ángel Rondón, exrepresentante comercial de Odebrecht en el país, quien está señalado como la persona que repartió los sobornos.
De esta manera, el juez Vargas coincide con los alegatos del Ministerio Público de que el archivo definitivo de estos expedientes se hizo de manera irregular.
En octubre pasado, el organismo reveló que investigaba al procurador general de la Corte de Apelación, Narciso José Escaño Martínez, porque dispuso el «archivo definitivo» de los expedientes contra ocho de los acusados en la primera etapa del caso de los sobornos pagados por Odebrecht en el país.
La Procuraduría General de la República precisó, en esa oportunidad, que cuando el magistrado Escaño Martínez tomó esa decisión, actuaba como sustituto de la exresponsable de la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) Laura Guerrero Pelletier, quien estaba de vacaciones.
El archivo definitivo de los expedientes contra ese grupo de ocho imputados no se hizo público, como sí se hizo cuando la Procuraduría General de la República dispuso el «archivo provisional» contra estos en junio de 2018.EFE
