En Especial

Cristhian Jiménez

Al terminar el año finalizan también las excusas y los errores del noviciado burocrático y político.

La pandemia persiste y la inefable vacuna es una débil esperanza en lo inmediato: a un ritmo de 20 mil por día, al iniciar la campaña electoral del 24, habríamos aplicado las dos dosis a un tercio de la población.

Los retos económicos son enormes y el complejo escenario político-judicial obligan al gobierno del presidente Luis Abinader a aguzar los sentidos y dar por terminado el proceso de aprendizaje excusable.

Escuchar a los ciudadanos y atender sus reclamos es correcto ejercicio democrático de gestión, pero el constante recular puede ser asumido como improvisación.

Es hora de afinar la puntería y que todos los instrumentistas toquen la partitura escrita, la prometida al votante en el tiempo que marque el director.

El PLD tuvo una puesta en escena (superó a Cats en Broadway) que los ciudadanos rechazaron, por lo que perremeistas y aliados deben evitar viejas y censurables prácticas gerenciales.

La Constitución y las leyes de Contrataciones Públicas y orgánica del Ministerio Público deben reputarse archiconocidas y el alegato de desconocimiento de parte de funcionarios públicos, asumirse como sospecha indiciaria de dolo.

El nepotismo y la prevaricación, enriquecimiento ilícito y lavado de activos siguen como prácticas perseguibles, no importa el tiempo que malos hijos de Bosch las transitaran impunemente.

Las compras de servicios y productos son de licitación obligatoria y ya no es difícil la detección de los trucos de las “urgencias” para favorecer a allegados, socios o cómplices.

Es tiempo de certezas y coherencia en los discursos de los diferentes actores oficiales que manejan los temas sanitarios, de seguridad y económicos. Hay relatos contradictorios.

La comunicación oficial debe evitar la dispersión, una suerte de tricocéfalo informativo que provoca continuas aclaraciones. Urge mejorar la relación e interacción con los periodistas que cubren la fuente palaciega.

Preocupante para los intereses oficiales que pequeños ruidos adversos al gobierno se hayan convertido en tendencias negativas que derrotan con facilidad la narrativa gubernamental.

¿Qué pasaría en la dura “cuesta de enero” ante la agudización de problemas sociales por despidos oficiales y privados y la posible articulación política de un PLD que dice sentirse perseguido?

Las informaciones que trascienden sobre investigaciones acerca de casos de corrupción de parte del Ministerio Público apuntan a que numerosos dirigentes del PLD, familiares y vinculados serían llamados a interrogatorios y que existen posibilidades de otros allanamientos y pedidos de encarcelamientos preventivos.

Odebrecht es una herida que sigue abierta con serias contaminaciones y que podría tener giros insospechados, de trascendencia política. Reacción o silencio oficial ante nuevos caminos generará excitación.

La eventualidad de la discusión de los pactos eléctrico y fiscal tensan las fuerzas económicas, políticas y sociales y ese es un escenario que obligará al gobierno a adelantarse a la posibilidad de discursos apocalípticos.

Las hostilidades en este campo de batalla son conocidas y ahora toca al presidente Abinader y al PRM sentarse al otro lado de la mesa, donde reinó la opacidad en la administración pasada.

Desaconsejable echar adelante proyectos políticos antes de alcanzar un semestre en la casa de gobierno y vista la necesidad de concentrar y unificar los ejércitos propios y de fuerzas aliadas.

El gobierno no se ha afincado en la poltrona y ya hay algunas individualidades buscando la promoción personal, reafirmación de la vieja herencia perredeísta.

Algunos critican más a sus propios senadores y alcaldes, que los adversarios políticos, en el apuntamiento nada sutil de sus candidaturas.

Taladran su propia casa.

 

 

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