En Especial
Por Cristhian Jiménez
SANTO DOMINGO. Los cambios institucionales y eliminación de viejas prácticas corruptas dependerán de la voluntad política y capacidad de resistencia del presidente Luis Abinader y de un consistente apoyo ciudadano.
“La transparencia tiene más enemigos que la corrupción”, ha advertido el alcalde Manuel Jiménez al reaccionar ante escollos por llevar a licitación el negociazo de la recogida de basura, de subterráneas conexiones en diversos litorales políticos y pasadizos insospechados.
La lucha contra la corrupción se asumió, era la tradición, como hermosamente engañoso discurso de campaña entre dirigentes del ahora partido oficial y aliados, pero a fuerza de emplazamientos sociales se concretó en política pública difícil de revertir.
Los más ligeros asomos de comportamientos opacos han sido rechazados y combatidos con sobradas energías, obligando a rápidas rectificaciones y a destituciones camufladas como renuncias.
Parecería un camino sin retorno, que obliga a políticos del siglo pasado y a jóvenes que ha abrevado, en lo que Bartolomé Pujals define como “la vieja política», a buscar con urgencia al profesor Moisés Naím y su clasecita sobre «El fin del poder».
Algunos pensaron, y desaconsejaron la intención, que Abinader jamás convertiría en realidad la promesa de un ministerio público independiente y posteriormente se hicieron la idea de la posibilidad de algunos atajos. Desconcertante decepción.
“Ahora arremeterán contra nosotros con dureza porque se ha golpeado a un elemento central que vertebraba la vida en nuestro país: el clientelismo y la corrupción», advirtió Abinader a sus funcionarios horas después de los primeros arrestos por investigaciones de corrupción, que incluyeron a familiares del saliente presidente Danilo Medina.
“Este gobierno” -sentenció- «ha renunciado al poder que tuvieron los anteriores sobre el control del ministerio público. A quien cometa un acto ilícito nadie lo protegerá. Sea quien sea. Yo di mi palabra, y así será».
Claras advertencias, empero prevalece la resistencia y el peso de la tradición de impunidad anima a no pocos a ensayar montajes audaces para “recuperar” 16 años “perdidos” de peledeismo gobernante.
Los partidos no deben cerrarse o convertirse en escuelas como aquella desafortunada experiencia boschista, pero tampoco ser obstáculos para los urgentes cambios institucionales que reclama el país.
Tocamos fondos en daños institucionales, corrupción e impunidad y, afortunadamente debido a un pueblo empoderado que asumió a quien dijo estar dispuesto a comprometerse con sus reclamos, reanudamos la marcha.
El reto es acompañar a quien asuma las reformas y enfrentar a los que desde el Congreso Nacional, ministerios, direcciones generales, concejos edilicios, gremios empresariales, sindicatos y otros emplazamientos obstruyan los avances por aferrarse a viejas prácticas o beneficios coyunturales.
Los que presumen que pueden encabezar proyectos presidenciales y municipales y los activan extemporáneamente deben saber que los ruidosos discursos clientelares perdieron su encanto y solo cuentan con audiencias cautivas y pagadas. Y el dinero escasea.
Se gobierna con los ciudadanos y para los ciudadanos en una suerte de cogestión energizante donde no caben las engañifas. La detección de descoloridos trucos tensa más la gobernabilidad.
Abinader, en discurso al país sugirió una serie de iniciativas que incluye “el proceso de reforma institucional del Congreso para reencauzar la asignación discrecional de fondos públicos” e «impulsar una reforma constitucional para convertir el apartidismo como criterio garante de la independencia del ministerio público y en un legado institucional duradero».
En estos temas, fundamentales para la transparencia y combate a la corrupción e impunidad, también hay resistencia. Hace poco se le quiso imponer un dirigente de su partido en la JCE y ahora se empujan políticos aliados y amigos para la Cámara de Cuentas y el Defensor del Pueblo, lo que desluciría su esfuerzo institucional. Penoso y preocupante.
