En Especial

Por Cristhian Jiménez

El riesgo a perder un poder ejercido con vileza puede provocar los lances más irracionales en individuos ambiciosos y temerosos de que se delaten sus desmanes.

La suma de los excesos revelados en estos primeros capítulos octopódicos permite aproximarnos al obsceno comportamiento de políticos, sus familiares y amigos en el manejo de fondos públicos.

Algunas audacias de investigados en la Operación Anti-Pulpo, como Alexis Medina Sánchez, solo son posibles si existe un pleno respaldo de un hermano presidente o se dan, a cambio, otros servicios sensitivos.

Un aspecto que salió rápidamente de la atención pública, recuerda hechos que provocaron la renuncia de un presidente norteamericano y que es delicado tema de seguridad nacional de amplio espectro investigativo.

Que un individuo omnipresente en un Estado que dirigía su hermano, haya comprado un apartamento en el edificio de residencia del presidente Luis Abinader no es un capricho inmobiliario.

Miles de lujosos residenciales en la ciudad y Alexis tiene el tino de adquirir un inmueble a pocos metros por escalera interior del hogar presidencial y en un mismo espacio tecnológico que facilita la interconexión inalámbrica de dispositivos electrónicos.

(Abinader denunció el 5 de julio, entonces candidato presidencial, que fue víctima de un ataque cibernético que eliminó de sus teléfonos celulares las cuentas de mensajería y comunicación de WhatsApp y Signal).

La información se conoció al divulgarse el documento de solicitud de medidas de coerción contra Medina Sánchez y otros 10 investigados en el que se consigna la propiedad de un apartamento en el segundo piso de la torre Lloret del Mar, en el ensanche Paraíso. El certificado habría sido incautado en el allanamiento a la vivienda de uno de los alegados testaferros de Alexis.

El apartamento fue comprado por el imputado a una pareja de extranjeros que aún lo ocupa, pese a que se concretó la transacción, que no fue informada a los condóminos, como dicta la norma.

El allanamiento en el lugar generó minutos de confusión entre los agentes que acompañaban a los fiscales y la seguridad asignada al presidente Abinader en su hogar.

La información que tengo es que la compra se habría realizado en febrero, previo a la celebración de las elecciones municipales, sin que el presidente Abinader (de los fundadores del proyecto habitacional) conociera que tenía de vecino propietario al hermano de su adversario político.

¿Es delito que el hermano de un mandatario adquiera un apartamento donde reside el principal candidato de la oposición y mantener su propiedad luego que este asumiera la presidencia de la República? Claro, que no.

Sin embargo, es difícil asumir la inocencia de la maniobra, conocida la vocación de la administración danilista por el espionaje de los adversarios políticos, empresarios, periodistas y todo aquel que pudiera representar una “amenaza”. Operaban varios centros oficiales y hasta sofisticados servicios privados a disposición del poder. Recordemos el bochornoso caso contra la hoy procuradora Miriam Germán.

La directora de Persecución de la Procuraduría, Yeni Berenice Reynoso denunció que Medina Sánchez realizó labor de contrainteligencia para evitar su arresto y a quien le habrían arrestado a seis militares incluido un coronel activo, que conducía su vehículo. (Un memorando del ministro de Defensa dispuso la eliminación de esta práctica hasta para exfuncionarios).

Diferentes presidentes han sido denunciados por espiar a opositores, pero pocos políticos han osado fisgonear la vida de un mandatario.

Abinader, despachó desde una oficina en el cuarto piso del edificio, durante varios días posteriores al triunfo electoral.

La investigación del caso es amplia y todos preguntan: ¿quiénes son esos extranjeros que Alexis dejó en el apartamento, luego de su adquisición?

 

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