San Salvador, Miembros del Comité Ambiental del Cantón Sitio del Niño exigieron este martes al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que ordene el retiro “definitivo” de 40.000 toneladas de escoria y cenizas que se encuentra en una zona contaminada con plomo, donde se encuentra una antigua fábrica de baterías.

La fábrica de Baterías de El Salvador (BAES), ubicada en la localidad de San Juan Opico (a más de 39 kilómetros de distancia de San Salvador), fue cerrada en el 2007 por la contaminación con plomo de varias comunidades aledañas, donde al menos 105 personas, entre ellas 63 niños, sufrieron problemas de salud por ello.

El abogado Alejandro Díaz, miembro del referido comité, explicó a periodistas que este martes presentaron un escrito en la Casa Presidencial en el que se exige “una pronta respuesta al retiro de escoria y cenizas que se encuentra en el lugar donde funcionaba la fábrica de baterías”, ya que “han pasado muchos años de eso (el cierre) y ese foco de infección no ha sido retirado”.

Señaló que las situaciones climáticas (como las lluvias) y otras circunstancias (como un reciente incendio registrado en el lugar) “generan un daño más grande del que ya se tiene”.

El letrado indicó que también se pidió que “el Estado informe a la población que plan hay para este retiro, qué se va hacer en los próximos meses y si existen los fondos para esta operación”, ya que “son alrededor de 4.000 millones de dólares los que se necesitan para sanear la zona”, agregó.

Por dicha contaminación, los ingenieros Hugo Trujillo, Arturo Marenco y José Brito fueron procesados por presuntos delitos de contaminación agravada y omisión por comisión.

Sin embargo, en junio de 2011 un tribunal de Sentencia declaró nulo, por un tecnicismo, el proceso contra los tres ingenieros.

Mientras, los directivos de la empresa, José Ofilio Gurdián, Ronald Antonio Lacayo y Sandra Lacayo de Escapini, prófugos de la Justicia, fueron declarados rebeldes por no presentarse a la diligencia.

En agosto de 2010, el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente decretó emergencia ambiental en la zona alrededor de la fábrica de baterías, donde se encuentran cerca de 700 viviendas y una población calculada en unos 4.000 habitantes.

En repetidas ocasiones, los lugareños han denunciado que la contaminación ocasionada por la fábrica afectó un radio de ocho kilómetros, por lo que la población afectada podría ascender a unas 35.000 personas.

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