Redacción Internacional.-El expresidente de Perú. Manuel Merino fue denunciado penalmente junto con él su primer ministro, Ántero Flores-Aráoz, y ministro del Interior Gastón Rodríguez, ambos aún en funciones, así como a los jefes de la Policía Nacional por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y lesiones.
La denuncia “por graves violaciones a los derechos humanos” fue presentada ante la fiscal general de Perú, Zoraida Ávalos, después de que dos jóvenes murieran y decenas de personas fueran heridas durante las protestas que tuvieron lugar la última semana en Lima contra el gobierno de Merino.
En el documento, presentado por ocho organizaciones de derechos humanos, se incluye al director general de la Policía Nacional, Orlando Velasco, y al jefe de la región policial Lima, Jorge Cayas, ya que la policía reprimió duramente las multitudinarias protestas que comenzaron el pasado miércoles en Lima.
La denuncia indica que, además de la represión a los manifestantes, los agentes antidisturbios también atacaron a los miembros de la prensa con impactos directos al cuerpo de bombas lacrimógenas y perdigones.
Agrega que tras la muerte de los estudiantes universitarios Jack Pintado, de 22 años, e Inti Sotelo, de 24 años, el general Cayas declaró que el empleo de perdigones era un “hecho aislado”.
Los organismos solicitaron, por ese motivo, que se inicie una investigación penal a los comprendidos en la denuncia, ya que también hay numerosas personas heridas y mujeres que fueron agredidas sexualmente tras ser detenidas.
La Fiscalía de Perú ya anunció que investiga las muertes de Pintado y Sotelo en el contexto de “grave violaciones a los derechos humanos”.
Sotelo fue impactado con cuatro disparos de perdigones, uno de ellos en el corazón, mientras que Pintado recibió diez perdigones de plomo en el cráneo, cara, cuello, brazo y tórax, según la necropsia.
Una investigación por violación a los derechos humanos en Perú abre la posibilidad de que un fiscal denuncie una “cadena de mando” en la represión que causó las muertes, que puede llegar hasta el propio presidente, sus ministros y los jefes policiales, además de a los ejecutores directos
